ERP. Ha sido una decisión cuestionada y que pone en entredicho la justicia peruana. Tras varias instituciones que se han pronunciado, se suma la Defensoría del Pueblo que exhortó a la Corte Superior de Justicia de Piura evaluar con prontitud el recurso de apelación presentado por la defensa del suboficial Elvis Miranda Rojas, investigado por abatir a un presunto delincuente en el distrito de Castilla, Piura.
El suboficial se encuentra con detención preventiva por siete meses en mérito de una disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla. El Ministerio Público de Piura ha indicado igualmente que evaluará el accionar de los fiscales y la Policía ha cuestionado seriamente la resolución que priva de la libertad a Miranda, por solo haber cumplido con su deber.
Luchan por liberación de suboficial Elvis Miranda Rojas | Fotografía Juan Carlos Paitán
La Policía, que defiende al efectivo, indica que su actuación se dio en una intervención policial legítima, en ejercicio de sus funciones.
Para la Defensoría, en ese caso, serían aplicables otros mecanismos procesales menos gravosos, como la comparecencia simple o restringida, que asegurarían su presencia durante la investigación penal, mecanismos que pudieron ser usados por el juzgado. Indica que se ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) brindar al efectivo policial detenido las medidas de seguridad que garanticen su integridad personal.
Prisión preventiva
A propósito de este caso, la Defensoría del Pueblo recuerda a los jueces y fiscales que la prisión preventiva constituye un recurso excepcional dado que priva del derecho a la libertad personal. Su uso solo cabe en casos estrictamente necesarios, precisa.
“A través de diversos Informes Defensoriales y en el último Informe de Adjuntía N° 006-2018-DP/ADHPD, de diciembre de 2018, se evidenció que existe un uso inadecuado y excesivo de la prisión preventiva, lo que ha contribuido al aumento de los índices de hacinamiento que existen en las cárceles del Perú”, refiere.
A octubre de 2018, según reportes del INPE, cerca del 40% de la población penal en el país, es decir, 35 mil 618 personas, se encuentran bajo prisión preventiva.
En ese sentido, considera que resulta imperativo que la aplicación de esta medida procesal se ciña al marco normativo y jurisprudencial establecido por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
