ERP. El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para incorporar como terceros civiles responsables a doce empresas en la investigación al denominado “Club de la construcción”, entre ellas algunas peruanas y otras del Brasil.
De acuerdo a la resolución emitida por la jueza María de los Ángeles Álvarez, las empresas consideradas como terceros civiles responsables son Cosapi, GyM, Obraínsa, ICCGSA, Hidalgo e Hidalgo S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A., Johe S.A., Constructora OAS; Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, y Mota Engil Perú.
Según explicó la Procuraduría, ante una eventual condena, las empresas mencionadas deberán asumir el pago de la reparación civil de manera solidaria junto con los investigados.
El pronunciamiento judicial desestimó el pedido para incluir en este grupo a las empresas San Martín Contratistas Generales S.A. y Grupo Plaza S.A., ante lo cual la Procuraduría anunció que apelará.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, entre el 2011 y el 2014, representantes de las empresas mencionadas habrían concertado distribuirse obras públicas.
Esa información era comunicada a Rodolfo Prialé, quien trasladaba los acuerdos a Carlos García Alcázar, entonces asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los representantes de las empresas que finalmente resultaban beneficiadas con la buena pro de la obra le habrían pagado a Prialé el 2.92% del valor referencial de cada proyecto.
Para la Procuraduría Ad Hoc, todas estas empresas se habrían beneficiado con eel otorgamiento irregular de las obras, por lo cual deben asumir el pago de la reparación civil a favor del Estado.
El procurador Jorge Ramírez ha fijado de manera preliminar una reparación civil de S/ 64 millones, aunque ese monto puede incrementarse conforme avancen las investigaciones.
Para asegurar el pago de esa reparación civil, la Procuraduría ha embargado hasta el momento bienes de los investigados hasta por un valor ascendente a S/ 24 millones.
