ERP. En su segundo día de exposición del informe final ante el Pleno del Congreso, la presidenta de la Comisión Investigadora “Lava Jato”, Rosa Bartra Barriga (FP), recomendó que se formule una denuncia constitucional contra el expresidente Ollanta Humala Tasso, René Herbert Cornejo Díaz y Milton Martín Von Hesse La Serna, ambos ex ministros de Vivienda por los delitos de colusión agravada, como omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por estar involucrados en una serie de presuntas irregularidades en la instalación de un Centro de Convenciones en Lima.
También considera denunciar por los mismos delitos, a Ricardo Vidal Núñez, ex ministro de Vivienda; Luis Obdulio Tagle Pizarro, ex director del Programa Nuestras Ciudades; Ricardo Salinas Vilcachagua, ex funcionario del Ministerio de Vivienda, así como Gina Carolina Scerpella Cevallos, Wilhelm Eduardo José Funcke Figueroa, José Luis Díaz Oliden, Lucía del Pilar Ledesma Martínez de Cruz, Claudia Janette Salaverry Hernández y Guillermo Orlando Fernández Carrión.
Bartra refirió que el presente informe se debe derivar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, como también al Ministerio Público.
El Centro de Convenciones tendría un área total construida de 85,441 metros cuadrados, con capacidad para 9,950 personas, 945 estacionamientos distribuidos en 4 sótanos, y estaría ubicado en el Centro Cultural de la Nación en San Borja.
“El ministerio de Vivienda concluyó que la propuesta más favorable era la de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y para la ejecución se designó a la Constructora OAS SA., Sucursal Perú, y para la supervisión al Consorcio Supervisor Centro de Convenciones.
“Al presentar el proyecto el costo total ascendió a S/. 524’716,875.38 soles, pero después se registró un incremento de S/.14’410,702.50 soles, llegando al costo total la suma de S/.539’127,577.88 soles”, explicó.
Bartra presentó el audio de una conversación telefónica entre Marciano Víctor Torres Humbachano, ex jefe de operaciones de la OIM y Elías Teodoro Tapia Julca, representante legal de Acruta &Tapia Ingenieros SAC. “Se le reconoce a sus funcionarios, a sus bienes y haberes contra todo procedimiento administrativo o judicial, son invocadas para excusarse de brindar información sobre proyectos en los que prestó asistencia técnica para obtener beneficios”, señaló.
Respecto a la elección del ejecutor “Constructora OAS SA Sucursal del Perú”, Bartra dijo que el registro de reuniones con representantes de OAS en la agenda N° 3 “Renzo Costa” de Nadine Heredia, revela que hubo reuniones con Valfredo de Assis Ribeiro Filho, representante de OAS en el Perú y Joao Pinheiro, presidente de OAS.
Además dio a conocer que Tracy Joseph Reinaldet, abogado de los investigados brasileros del Caso Lava jato, identificó a Rocío del Carmen Calderón Vinatea, la amiga que actúa por la esposa del presidente. Es ella la que viaja a Brasil para hablar con Ricardo Pessoia, a fin de hacer una prospección de posibilidades en el 2012.
Nadine y Hospital Lorena del Cusco
En cuanto al proyecto del Hospital Antonio Lorena del Cusco, Bartra dijo que quedó demostrado el vínculo existente entre la empresa brasilera OAS con Ollanta Humala y Nadie Heredia, que permitió la presunta recepción de una coima equivalente a S/4,75 millones, a cambio del otorgamiento de la buena pro, valiéndose de Jorge Acurio, gobernador regional del Cusco por el Partido Nacionalista Peruano.
Expresó que en marzo del 2017, el ministerio de Vivienda le resuelve parcialmente el contrato a OAS. La Contraloría General de la República, hizo 4,000 observaciones, y advirtió que el ministerio de Vivienda no subsanó todas las observaciones que ello generó un riesgo para los usuarios en caso de un siniestro. OAS demandó al ministerio para que declare formalmente recibida la obra y declare la nulidad de las observaciones”, añadió.
La legisladora indicó que se va a remitir el presente informe al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que evalúe cursar invitación para conciliar a la Constructora OAS SA Sucursal del Perú, también al Consorcio Supervisor Centro de Convenciones, ambas por incumplir con una serie de obligaciones reglamentarias.
Finalmente, recomendó a Pro Inversión que concluya el concurso público internacional del proyecto “Operación y mantenimiento del Centro de Convenciones en Lima-Perú.
