ERP. La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Sullana participó en una acción preventiva en establecimientos dedicados a la venta de alimentos, como chifas y pollerías, con el objetivo de prevenir delitos contra la salud pública y el peligro común. Como resultado de la intervención, dos locales fueron clausurados por incumplir las condiciones sanitarias y de seguridad exigidas por ley.
La diligencia se realizó el 6 de febrero de 2026 y estuvo a cargo de los fiscales Kevin Carlos Antón Siancas y Sara Vidal Coronado, en coordinación con personal de la Municipalidad Provincial de Sullana, a través de la Subgerencia de Control y Fiscalización, Gestión de Riesgos y Desastres e Inspectoría Sanitaria.
Durante la inspección al restaurante pollería “El Combo Dorado”, ubicado en la prolongación José de Lama, A.H. Villa Primavera, se detectaron diversas observaciones sanitarias, como presencia de vectores en áreas de almacenamiento y preparación de alimentos, deficiente almacenamiento de productos, utensilios en mal estado, insumos vencidos y condiciones que no se ajustan a la normativa higiénico-sanitaria vigente.
Asimismo, el personal de Gestión de Riesgos y Desastres advirtió serias deficiencias en materia de seguridad, entre ellas la ausencia de extintores, instalaciones eléctricas en mal estado, tanques de gas sin fijación adecuada y presencia de material inflamable en zonas no autorizadas. Ante ello, la fiscalización municipal impuso una multa equivalente al 200 % de la UIT y dispuso la clausura temporal del establecimiento por 20 días.
De igual forma, las autoridades intervinieron el chifa “Yeng Ling”, ubicado en la avenida Tangarará, en la urbanización popular Nueva Sullana, donde se identificaron deficiencias sanitarias y de seguridad, como falta de higiene en las áreas de cocina, insumos vencidos, inadecuada manipulación de alimentos y ausencia de medidas básicas de seguridad eléctrica y contra incendios. En este caso, se dispuso la clausura del local, una multa equivalente al 50 % de la UIT y el cierre temporal por 20 días.
Finalmente, el fiscal exhortó a los propietarios de los establecimientos intervenidos a subsanar las observaciones formuladas y cumplir con las sanciones impuestas, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el Código Penal.
