ERP. El congresista Juan José Díaz Dios, alertó sobre la posible repetición de hechos anómalos en regiones como Tumbes y Piura, siguiendo la ruta cuestionable de César Álvarez acusado de actos de corrupción y violencia en contra de enemigos políticos. Días Dios se presentó en el programa “Sin peros en la lengua” donde dio cuenta de las investigaciones que se vienen realizando en el Congreso, respecto a lo acontecido en la región Ancash y López Meneses.
Según Díaz, los actos correctivos deben darse para evitar que se repliquen en otras regiones como lo que viene sucediendo en Tumbes y en Piura, donde puso de ejemplo que Dennis Cruz entraba y salía del Gobierno Regional de Piura. Dennis Cruz, y otros, acusados de formar parte de una banda, son vistos en vídeos promocionados por el Gobierno Regional de Piura.
En efecto, en Piura existe un programa denominado “De convivencia social” y que es dirigido por un colombiano que no viene premunido de los mejores valores como para dirigir acciones para reinsertar a quienes buscan su resocialización. El gasto millonario que se realiza no se justifica, considerando que la inseguridad tiene otra connotación hacia donde deben dirigirse todas las iniciativas públicas.
En el caso de Piura, Javier Atkins viene siguiendo algunos actos administrativos similares a César Álvarez, uno de ellos es el haber suscrito un convenio para licitar la construcción del proyecto “Alto Piura”. El proceso de selección será llevado a cabo, de no mediar impedimento en contrario, por la Organización de Estados Iberoamericanos, más conocido por las siglas OEI. Este ente se encuentra seriamente cuestionado en Ancash; sin embargo, en Piura se ha suscrito un convenio.
Las informaciones que provienen de Ancash justamente no son las más alentadoras. Millonarios montos han sido manejados por la OEI y muchas veces las adjudicaciones han sido sobrevaloradas. Incluso, en el 2011 el Tercer Juzgado Penal de la Corte de Justicia de Huaraz, suspendió cualquier proceso de selección entre el entre el Gobierno Regional de Ancash y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Para los ancashinos, conformantes del Frente de Defensa “En el proceso judicial 1814-2010 que se tramitó ante el Tercer Juzgado Penal de Huaraz y donde precisamente ha salido una medida cautelar donde se dispone la suspensión del convenio, existe un peritaje donde se acredita que el aludido convenio con la OEI sólo significa una herramienta para eludir la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado y su reglamento, para así evitar el control en sus procesos de selección, existiendo serios indicios respecto de que todos los procesos de selección estarían dirigidos a favorecer a determinado postor o contratista, de tal manera que se aseguraría la contratación con el postor de la apetencia de determinados intereses”.
El economista huaracino, Richard Moreno Bustos, con algunas cifras demostró qué tanto beneficia o perjudica el convenio existente entre el Gobierno Regional de Ancash y la Organización Iberoamérica para la Educación (O.E.I), que se firmó desde el año 2007. Evidentemente, el resultado no fue nada alentador para Ancash.
A las postrimerías de salir de la Presidencia Regional de Piura para postular a un nuevo mandato, Javier Atkins Lerggios pidió a su Consejo Regional le apruebe el convenio y sin mediar mayor información y contenido, se aprobó. Según dio cuenta el mismo presidente, el documento con la OEI ya ha sido suscrito, aunque no se conoce los compromisos de las partes. De cumplirse este Convenio, la adjudicación sería en el mes de mayo, es decir el último mes que Atkins ejercerá la presidencia, antes de irse de licencia.
De seguirse el procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado, el proceso sería más económico, pero más lento y todo hace indicar que existe premura entre las autoridades regionales, sobre todo del Presidente, para la adjudicación de las obras que permitirán el trasvase del río Huancabamba a Piura.
Respecto al Alto Piura, existen algunas dudas que deberían ser investigadas. Una de ellas, tiene que ver con una conciliación realizada en el mes de diciembre del 2012; y otra el monto que debe pagar el Gobierno Regional de Piura por la resolución del contrato. En el primero caso, como en el segundo, el hermetismo es total y se han evidenciado desencuentros verbales entre el Presidente Regional de Piura y el responsable del Proyecto “Alto Piura”.
En tanto, Contraloría General de la República viene realizando acciones de control en esta región, cuyos resultados seguirán el procedimiento que se encuentran reguladas por el Sistema Nacional de Control.
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