Fecha máxima para formalización minera vence el 19 de abril
ERP. Los mineros artesanales han salido a bloquear carreteras reactualizando el problema de la informalidad de esta actividad en el país. Su accionar se desenvuelve en todo el Perú, y si bien es cierto, que los sureños son los que protestan no se descarta que se puedan expresar descontentos en otras regiones. El asunto de fondo, está en la imposibilidad de formalizar su actividad y los gobiernos siguen sin entender. Las leyes otorgadas no tienen mayor eficacia porque no van al fondo del asunto.
Con la finalidad de encontrar soluciones, la dirigencia de los mineros y el Gobierno, no han encontrado ningún camino para acabar con la protesta. Las declaraciones dadas por Daniel Urresti Alto Comisionado del Poder Ejecutivo para la Interdicción y Formalización de la Minería dicen con claridad en qué punto se encuentran las negociaciones "El Gobierno no conversará con los mineros informales hasta que depongan su medida de fuerza".
Luego, en actitud beligerante y pretendiendo que los mineros informales levanten su medida de fuerza y de protesta, sostiene que "Es hora de que en Perú se ponga orden. Mientras no dejen las carreteras, el Gobierno no continuará con el diálogo", recalcó. Sin embargo, las carreteras siguen bloqueadas en Arequipa y los problemas se acrecientan para aquellos que quieren trasladarse desde el sur peruano hacia Lima u otras provincias que se encuentran en el área de influencia del paro.
Es la interdicción la que preocupa a los mineros informales. Es decir, la posibilidad de incautación de la extracción minera, después que se cumpla el plazo para la formalización. Aunque para el Gobierno, esta protesta no debería darse, considerando que existen 16,300 expedientes que buscan la formalización.
Un comunicado de la PCM no avizora nada bueno, "Ante la intransigencia demostrada por los representantes mineros reiteramos el pedido a deponer sus acciones de violencia, que incluyen bloqueos de carreteras, las cuales vienen perjudicando a gran parte de la población. De persistir con esta posición, se tomarán las acciones legales correspondientes". Luego agrega, "El Ejecutivo tomará las medidas necesarias para restablecer el orden y garantizar respeto del estado de Derecho".
Las protestas no son nada nuevas y el pronóstico de ellas data del 2013. El XIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, elaborado por diversas organizaciones no gubernamentales como Grufides, Cooperacción y Fedepaz, se señaló que la formalización de los mineros informales sería un foco de conflicto a inicios de este año. Dicha advertencia la realizó el investigador de Cooperacción, José de Echave, quien indicó que el Gobierno no lograba establecer políticas públicas integrales que dieran respuesta a la problemática social, ambiental y económica de la minería informal.
Para este grupo, la intención por acabar con la informalidad en el sector minero, debe contar con mecanismos de diálogo o establecer un diagnóstico sobre la intensidad de esta actividad, no se pueden elaborar políticas públicas serias y activas que constituyan un camino idóneo tanto para el Estado, los ciudadanos y los mineros. Y el diagnóstico sobre la actividad minera artesanal convertida en informal y muchas veces ilegal, es grave.
Según cifras presentadas por Cooperacción, las concesiones mineras en Perú alcanzan las 26 millones de hectáreas, lo cual constituye el 21% del territorio nacional. La minería informal se encuentra presente en 16% de estas concesiones. Esta cifra evidencia el gran espacio de incidencia de esta actividad. Hay, además, regiones donde la cifra de mineros informales es significativa.
En el caso de Piura, la actividad minera informal emplea a más de 13 mil personas. La realidad social y económica de Suyo, Paimas, Las Lomas, Sapillica, ha cambiado y todo ello, por los impactos de la extracción del oro. Estos mineros, muchos de ellos, no pueden formalizarse y la lógica es muy simple, quienes extraen oro son los comuneros o propietarios del suelo u otros que se han apropiado de territorios con mineral; además no poseen concesión ni denuncio minero alguno. Los propietarios de los derechos mineros, son otros y nada tienen que ver con la extracción, frente a esta circunstancia toda formalidad simplemente es imposible.
Tanto en Piura, como en el resto del país, la realidad es la misma. Expedientes de formalización frente a una realidad diferente a la legislación minera. La normatividad sigue siendo la misma y no se ha cambiado. Buscar formalizar mediante los mismos mecanismos legales, es no entender la complejidad social de la minería informal. Es lo que avizoraron los especialistas y son las preocupaciones de esa gran masa de informales, que ven acercarse un clima de mayor confrontación con el Estado.
El 19 de abril culmina el plazo para la formalización. El Gobierno cree que es posible la postergación de la fecha; sin embargo, dicha decisión solo postergaría el problema existente. Según lo que establece el Decreto Legislativo No 1105, pasado el plazo para formalizarse, quienes no estén registrados serán considerados "ilegales" y por tanto serán sometidos a acciones de interdicción.
La solución frente a este potencial conflicto no es extender la fecha máxima para la formalización. Tampoco está en convencer a los mineros de los impactos negativos que producen en el medio ambiente y menos que entiendan la estructura jurídica del país. Los miles de miles de peruanos que tienen en esta actividad, oportunidad laboral más rentable, no entenderán jamás las razones que por ahora se esbozan. La revisión jurídica del otorgamiento de concesiones es básica para encontrar salidas con menos conflictos.
En tanto, que no haya salida diferente, el Estado deberá enfrentar con Policía e incluso con las fuerzas armadas para amenguar los conflictos sociales generados de la actividad minera informal.
