ERP. Los casos judiciales que envuelven a varios candidatos al Congreso de la República por Piura, se han convertido en sus principales obstáculos para avanzar. Aunque el registro solo considera sentencias, existen otros que se encuentran plagados de juicios como es el caso de Javier Atkins, quien fue señalado por Contraloría General de la República como responsable de varios ilícitos que se encuentran en proceso.
Verificando las sentencias se comprueba que varios de los candidatos, dejaron abandonados a sus hijos y les negaron la provisión de su atención alimentaria. Contra esta reprobable actitud quieren erigirse en representantes de la Patria, una paradoja por cuanto si abandonaron a sus hijos, qué podría esperarse con su conducta pública.
De acuerdo a lo registrado, 3 candidatos de Alianza para el Progreso por Piura, tienen sentencias condenatorias; se trata de Uvaldo Pizarro Paico, quien tiene Sentencia condenatoria en materia familiar – alimentaria. El fallo estableció el descuento del 35% de ingresos; no se queda atrás el trabajador municipal Félix Alberto Campos Cáceres, quien tiene 2 sentencias en materia familiar – alimentaria. En la primera se declaró fundada un prorrateo de 25% de los ingresos a favor de Edith Silva Valdivia y de 35% a favor de Gladys Álvarez. En la segunda se estableció la exoneración del 25% de pensión a favor de Alberto Campos.
El otro candidato de Alianza para el Progreso es Mario Quispe Suárez, quien ha sido renuente a cumplir con sus obligaciones familiares y se le dio sentencia condenatoria por el delito de omisión a la asistencia familiar. Se le impuso 2 años de pena privativa de libertad, en modalidad suspendida, y una reparación civil que ha pagado en su totalidad. También tiene un fallo condenatorio en materia familiar – alimentaria, en la que se le impuso un pago de asistencia familiar de S/. 250.00 mensuales.
Otro de los irresponsables por asistencia familiar es el candidato Enrique Merino Cruz de Alianza Popular. Merino tiene 2 sentencias condenatorias por el delito de omisión a la asistencia familiar. En ambos casos se le impuso 1 año de pena privativa de libertad, y una reparación civil que ha pagado en su totalidad. También tiene un proceso en curso por negociación incompatible. Por su parte la candidata Amelia Ugarte Quiroz Curo de Sotomayor, tampoco las tiene consigo y de acuerdo a Transparencia tiene un fallo desfavorable en materia laboral.
Lo gracioso de estos personajes, es su actitud condoliente con los niños y niñas de asentamientos humanos hacia donde concurren, mostrando una aparente comprensión por sus limitaciones y carencias; muchos los abrazan y los cargan en sus brazos, cuando la realidad dice que no han sido buenos progenitores, en el sentido estricto de la palabra y no les importó dejar a la madre en su doble rol de padre y madre. Es incomprensible que estos sujetos, irresponsables y negligentes para con los suyos, pretendan ser elegidos congresistas de la Repúlica.
La lista de Verónika Mendoza, tampoco se encuentra ajena a problemas judiciales de sus candidatos. Uno de ellos es el abogado Luis Garnique Ortiz, quien tiene un proceso en curso por alimentos y la situación es parecida para Juan Manuel Castillo More, quien tiene proceso en curso por delito de peculado doloso agravado.
El Partido Humanista Peruano, de igual manera tiene en el número 1 de su lista a un personaje perseguido por las sentencias condenatorias por violencia familiar. Fausto Leonidas Soberón Múñoz, fue denunciado en su oportunidad y tiene 3 sentencias condenatorias por violencia familiar. En dos de ellas se decretaron medidas de protección. La tercera tiene reserva de fallo condenatorio y una reparación civil, que ha sido pagada totalmente. Además, tiene 2 procesos en curso por las siguientes materias: 1) ejecución de acta de conciliación; y 2) violencia familiar. Como dirían en sentido vulgar resultó ser “todo un angelito”.
En el movimiento Perú Libertario Víctor Raúl Chanduví Chávez, se le impuso sentencia condenatoria por el delito de estafa genérica. Se le impusieron 3 años de pena privativa de libertad, en modalidad suspendida, y una reparación civil que ha pagado parcialmente.
En Perú Patria Segura, Luis Abel Pérez de la Torre Ugarte, tiene un fallo condenatorio en materia familiar – alimentaria, que estableció el pago de S/. 500 de reparación civil (ya cancelado) y comparecencia restringida. En la misma organización se encuentra Augusto Chiroque Sosa, quien registra sentencia condenatoria por el delito de peculado. Se le impuso 2 años de pena privativa de libertad, en modalidad suspendida, y una reparación civil que ha pagado totalmente.
La lista de Perú Posible, cuyo líder se vio envuelta cuando presidente en todo un lío nacional por asistencia familiar, tiene en su candidato Roberto Antonio Castro Mezones a alguien que se encuentra con dos procesos en curso, 1 versa contra la autoridad y el segundo por omisión a la asistencia familiar.
En Todos por el Perú que lidera Julio Guzmán, su lista resultó no ser tan santa y la candidata Angélica María Palomino Saavedra tiene un proceso en materia civil que aún se encuentra pendiente de resolución; por su parte Maritza Chiroque Sandoval de la misma agrupación si resultó ser una “joyita”, al tener Sentencia condenatoria por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, con reserva de fallo condenatorio y obligación de reparación civil, que ha sido pagado totalmente.
