ERP. El Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Esperó 4 horas antes del fin de año, para dar por culminada la designación del Fiscal Superior Rafael Vela coordinador del equipo Lava Jato y del Fiscal Provincial José Domingo Pérez quien tiene a su cargo las investigaciones del caso ‘Los Cócteles’ que compromete a Keiko Fujimori y del expresidente Alan García Pérez, actualmente con impedimento de salida del país.
El advenimiento del 2019, se avizora conflictivo y tensional. Por un lado, las fuerzas institucionales que se encuentra en el Congreso de la República con mayoría de Fuerza Popular y el apoyo del grupo minúsculo del Apra; y por el otro, las expectativas de la población para conocer todo la verdad sobre la corrupción de los diversos gobiernos del país.
Como medio de comunicación, consideramos que esta medida genera la crispación de un Perú que requiere paz y concordia. Es un triunfo que podría ser pírrico de aquellos que buscan proteger o blindar a políticos como Keiko Fujimori y Alan García, quienes estarían muy comprometidos en actos de corrupción.
No se puede permitir que prácticas vedadas retornen al país. El solo hecho de aprovechar una festividad que mantendría concentrados a los peruanos en otras actividades, para anunciar una medida de esta naturaleza; es la demostración que ciertas fuerzas de dudosa integridad han pesado en torcer la voluntad del Fiscal de la Nación.
De acuerdo a lo conocido, Chávarry Vallejos, se encontraría presionado por Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano, situación que lo ha llevado a mantenerse en el cargo, debido a la protección que tiene de la mayoría en el Congreso de la República. Actualmente, tiene 7 acusaciones constitucionales en su contra, las mismas que se encuentran archivadas en la comisión respectiva.
La medida adoptada por Chávarry se venía comentando de manera extraoficial; en una primera instancia se creyó tanto Vela como Pérez seguirían cumpliendo sus funciones; sin embargo, eso no fue así. Con total frialdad y argumentando la institucionalidad, el cuestionado Fiscal de la Nación procedió a dar lectura a lo que llamó un pronunciamiento.
Los fiscales defenestrados, tienen casos a su cargo los procesos contra Alan García Pérez y Keiko Fujimori. Incluso un acuerdo con Odebrecht permitiría que todos los actos de corrupción se conozcan por las pruebas que aportarían; sin embargo, abortar la aprobación significaría que se mantenga e el oscurantismo lo realmente sucedido en el Estado Peruano.
Como sucedió en el 2017 en Navidad tras el indulto de Fujimori, la población limeña salió a las calles para oponerse a esta medida y pedir no solo la restitución de los fiscales Vela y Pérez; sino exigir la salida de Chávarry Vallejos. Luego de concentrarse en diversos puntos partieron hacia el Ministerio Público, donde insistirán que se corrija la medida adoptada por el Fiscal de la Nación.
Hacia el local del Ministerio Público llegó horas después el fiscal provincial José Domingo Pérez, quien dijo sentirse sorprendido; luego precisó que estará pidiendo que se proteja la información que se encuentra en la Oficina, donde espera, con el apoyo del Fiscal de Turno, para lacrar toda la información a su cargo, sobre los casos que tiene a su cargo.
Lo que viene crea una incertidumbre poco previsible. Corresponderá al Poder Ejecutivo, al mismo Congreso de la República y a las organizaciones sociales, defender el fuero de la verdad y de la justicia, contra fuerzas retardatarias que lo único que buscan es protegerse de acusaciones y seguir libres.
