Por: Nelson Peñaherrera Castillo. El caso de los 36 bebés fallecidos por la falta de incubadoras en el área de Neonatología del Hospital Regional de Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo, como denunció un medio de comunicación nacional, ha confirmado una falacia que se está repitiendo constantemente para ocultar el escaso compromiso de ciertos funcionarios del sector Salud: que el ministerio no está dándoles el dinero suficiente para operar.
Y la mentira queda al descubierto cuando al desglosar la forma cómo se está invirtiendo los aparentes bajos recursos que Lima envía, uno descubre que alrededor de un millón de soles fueron destinados a la compra de canastas navideñas y vales de compra para el personal. O sea, manejando precios estándar, el dinero que pudo haberse utilizado para costear cinco mil partos naturales o unas mil 200 cesáreas en realidad terminó en forma de panetón, chocolate y pavo que mandó por el retrete la ley de octógonos, digo, hablando en términos de alimentación saludable.
Y aquí viene la mentira de funcionarios y sindicatos (y uno que otro congresista): ese dinero no fue priorizado para regalos navideños en Lima, sino, aparentemente, en Chiclayo. Esto es posible porque una vez que Lima deja el dinero en la cuenta de los 25 gobiernos regionales del Perú, cada uno de ellos instruye a su gerencia de desarrollo social para que, a su vez, financie a sus direcciones regionales de Salud, para que a su vez haga el reparto respectivo entre cada entidad ejecutora.
Como para que no queden dudas, toda la información de cuánto dinero, cuándo se transfirió y a qué partida va está en el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una opción de consulta amigable pensada en quienes no manejan conceptos más profundos de contabilidad, pero que tienen la suficiente paciencia para ir monto por monto y quedarse helados de la impresión.
Es más, ustedes que siguen El Regional de Piura deben haberse topado con noticias en las que los ministerios anuncian haber transferido tantos millones de soles como monto para tales programas, y esos programas son controlados en el ámbito regional. Entonces, ¿por qué si el control se hace en ese espacio subnacional, funcionarios y sindicatos (y algunos congresistas) se van contra el ministro o la ministra? Y ojo que aquí también está metido el tema del aparente porcentaje de progreso en el gasto.
Ahora bien, el caso de Lambayeque nos toca porque, gracias al trabajo de los medios locales, nos hemos enterado que el Hospital Regional es un nosocomio de referencia para todo el norte peruano, Piura incluído, así que pensemos en que uno de esos 36 bebés pudo ser uno de los nuestros, aunque la cosa va más allá: vida es vida siempre, no importa de donde provenga, y si los intereses personales de los funcionarios están por encima del bien común, aquí no hay mucho que filosofar sobre orígenes sino sobre legalidad.
Y, bueno, eso explica por qué en los concursos para admitir personal a los que no se casan con nadie se les cierran puertas mientras que los corruptos, como los que viven sangrando al estado con los viáticos, tienen más privilegios que noble europeo. Y eso se controla incluso a un nivel más reducido que el subnacional, el subregional. Sigamos.
Es obvio que no podemos regresar a la vida a esos menores, pero sí podemos hacer algo en prevención para evitar estos casos. Existe un mecanismo no regulado por nuestras leyes, aunque tampoco impedido, llamado vigilancia ciudadana, la actitud de fiscalización que surge desde las personas de a pie, como tú o como yo, que, independientemente de su color, creencia o militancia, acceden a toda la información pública que generan las entidades pagadas con nuestros impuestos (ahí está una de las razones) y verifican que sigan los cauces regulares, no en plan exterminador de plagas, porque tampoco es su competencia, sino en plan alerta.
Ya, si detectan algo que huele algo o muy rarito (quizás el pavo) se pasa a modo notificación a los funcionarios y al resto de la gente, y el resto ya queda en cancha de las entidades reguladoras públicas.
Solo para evitar sancochados, la vigilancia ciudadana aplica solo sobre entidades públicas y su herramienta legal por excelencia es la Ley de Acceso y Transparencia a la Información Pública. Cuando se trata de corporaciones privadas y las cosas no funcionan adecuadamente por ley de oferta y demanda, es cuando entra a tallar Indecopi de primera mano, la que incluso está proponiendo una norma nacional que premie al ciudadano o a la ciudadana que denuncie y pruebe la existencia de cárteles comerciales que concertan precios. Claro que todavía tendrá que llegar al Congreso, y ésa es otra jarana, como sabemos.
Pero volviendo al asunto de la vigilancia ciudadana, este evento en Chiclayo debe animarnos a que pongamos un ojo fiscalizador en nuestras entidades locales, y la gran ventaja de nuestros tiempos es que es fácil verificar mediante herramientas informáticas si lo que dice el papel (o la pantalla) corresponde a la realidad; si la respuesta es no, habrá que investigar, y allí otra vez los medios de comunicación pueden ser grandes aliados.
Igual, si tienen problemas para hallar esta información, me escriben al correo o a mis redes sociales, y les contacto con personas que podrán asesorarles de manera seria sobre cómo actuar al respecto.
Claro que a muchos funcionarios esto que les cuento debe estarles produciendo acidez o anginas, y es probable que sigan repitiendo la cantaleta de que Lima no está pasando plata; pero, tú, ciudadano, ciudadana que no te dejas impresionar, ahora ya sabes dónde verificar si tanto grito, tanto histrionismo, tanta bulla con cornetita y plantón tiene sentido, o solo busca desviarnos de lo que parece constituir un ilícito.
Me pregunto de qué lado se pondría Hipócrates si resucitara y viera que su juramento termina en el alcantarillado.
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