ERP. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana declaró nula la sentencia de primera instancia, dictada a fines de 2021 por el juez de Talara, José Efraín Carrasco Villegas, que ordenaba -entre otras cosas- la transferencia forzosa del ducto de Enel a Gastalsa y le devolvía la concesión del distrito de Pariñas a dicha empresa demandante. Asimismo, la Sala de Sullana ha ordenado al Juzgado de Talara que emita una nueva sentencia teniendo en cuenta los argumentos expuestos por Enel y las otras partes involucradas.
“El fallo del Colegiado de Sullana representa una señal positiva con respecto a lo que venimos defendiendo: que el ducto que alimenta a la central térmica Malacas es de nuestra propiedad y no puede ser transferido a Gastalsa ni a ninguna otra empresa.”, explicó Rigoberto Novoa, gerente general de Enel Generación Piura.
El Colegiado de Sullana señala en su resolución que “al expedir la sentencia [el Juzgado de Talara] no la ha motivado debidamente, incurriendo en insuficiente e inclusive inexistente argumentación”. Por ese motivo, ordena que dicho juzgado de primera instancia emita una nueva sentencia, esta vez analizando a profundidad los argumentos de Enel y las otras partes del proceso.
En ese sentido, Novoa indicó que esperan que la nueva sentencia, que será emitida por el juez de Talara, esté lo suficientemente motivada. “Esperamos que la nueva sentencia de primera instancia recoja todas las recomendaciones del Colegiado de Sullana, en el sentido de que analice correctamente las normas y argumentos que respaldan nuestra posición. Confiamos en que, luego de un análisis detallado de las pruebas y argumentos presentados, el Juzgado de Talara rectifique su decisión y respete nuestro derecho a la propiedad”, precisó.
Como se sabe, si el gasoducto de Enel Generación Piura es expropiado irregularmente, la empresa estará obligada a cerrar sus operaciones de Malacas en Talara. Dicho cierre implicaría pérdidas para el Estado peruano, las comunidades de influencia de la provincia y una pésima señal para las inversiones privadas en nuestro país.
