ERP/A.Abad. Entrevista con el abogado Roberto Farías Ruíz, presidente de la Asociación Provincial de Abogados de Talara. La estatal refinera, como propietaria de la obra, también sería tercero civilmente responsable de los atropellos y explotación laboral que se estarían dando en el marco de la construcción de la nueva refinería de Talara.
En diálogo en programa Síntesis Informativa de Radio Inspiración Talara, indicó que las autoridades regionales de trabajo deben observar lo que está sucediendo en Talara, porque los contratos laborales para extranjeros no serían del conocimiento, ni aprobados por la Dirección Regional de Trabajo, para lo cual el profesional, técnico o trabajador extranjero tiene que estar habilitado por el colegio profesional peruano respectivo.
Señaló que el contrato laboral debe cumplir con todos los requisitos de ley, indicando que la función que desempeña es técnica y especializada, la remuneración que va a percibir, la condición en que va a permanecer en el país, el tiempo de permanencia en relación al PMRT. También debe tener una profesión que no haya en el país.
“Nos hemos enterado que Cosapi, por ejemplo, estaría haciendo labores de montaje y también se conoce que de 150 a 170 trabajadores de esta empresa solo 17 serían de Talara, aquí podría demostrarse que existiría una clara discriminación laboral con los miles de desocupados del lugar donde se construye la nueva refinería de Petroperú”, resaltó el Dr. Farías Ruíz.
Agregó que es evidente que estamos ante un tercero civilmente responsable (Petroperú) y ante diversas aristas del derecho, primero, porque el estado migratorio con el que un extranjero subsiste en el país tiene relevancia jurídica a nivel administrativo, civil y penal.
“Una persona que permanece ilegalmente, burlando las leyes, es decir ejerciendo una profesión u oficio para el que no está autorizado en nuestro país está cometiendo un delito. Y también, aquellas personas (funcionarios o autoridades) que omiten sus funciones y permiten este tipo de cosas a nivel laboral está cometiendo una falta grave, puede ser o debería ser despedido… porque es partícipe de la comisión de un ilícito penal”, enfatizó.
Dijo que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tiene la obligación de actuar de oficio y la autoridad zonal de trabajo debe informarle que se podrían estar violando derechos laborales. En ese sentido, acotó que habría que preguntarse si algún funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no tendrían hijos o familiares trabajando en el PMRT, ya que es lo que en Talara se comenta.
El presidente de la Asociación Provincial de Abogados de Talara, lamentó que las normas y acuerdos con la población sean mellados y no se estén cumpliendo en la ejecución del PMRT, empezando por la vulneración de la Constitución Política, que dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
Comentó que además hay actos de defraudación, porque cuando vienen las empresas de otros lugares, mandan a sus trabajadores a la Reniec, hacen el cambio de domicilio y ya son talareños, y en presunta complicidad con funcionarios de las empresas principales (Petroperú y Técnicas Reunidas de España) luego informan que más del 90% de los que están trabajando son talareños, en un típico acto defraudatorio.
Finalmente, el Dr. Roberto Farías, lamentó que no haya la voluntad de fiscalizar en el Comité de Coordinación Local y menos en Petroperú que debe preocuparse por el alto índice de desempleo que hay en Talara. “Lamentablemente, hay personas dentro de estos sistemas de control que deberían realizar estas funciones, pero no lo hacen porque se beneficiarían de distintas formas, dejando de lado a la gran masa desocupada de talareños”, concluyó.
