Piura. En sesión extraordinaria, el Consejo Regional cumpliendo con la recomendación N° 3 del informe 1157 de la Contraloría General de la República, conformó una Comisión Especial al encontrarse responsabilidad administrativa funcional en el ex presidente regional, Javier Atkins Lerggios, así como en 19 personas más, entre ex funcionarios y ex servidores, quienes serán investigados por la instancia del Gobierno Regional Piura.
Correspondió al secretario del Consejo Regional y Secretario Técnico Anticorrupción, Jaime Távara Alvarado, presentar el mencionado informe recibido por la Contraloría, documento que ha sido puesto en conocimiento del consejo regional.
“Hemos cumplido con lo que Contraloría nos pedía como Consejo, pues se han adoptado los acuerdos y las acciones para que de acuerdo a sus atribuciones (del Consejo Regional) tome las acciones del caso. Este informe señala que se encontró responsabilidad administrativa funcional en el ex presidente regional, Javier Atkins”, dijo Távara.
Se indicó que el mencionado informe de la Contraloría representa una prueba pre constituida que significa un indicio válido, sujeto a una investigación la que determinará responsabilidad. Si esta prueba se configura en responsabilidad administrativa dentro de la omisión de actos funcionales, la comisión especial lo presentará al Pleno del Consejo Regional para que sea derivado al Ministerio Público e inicie las investigaciones preliminares.
La comisión especial del Consejo Regional integrada por los consejeros Eligio Sarango Albújar, Óscar Echegaray Albán y Hermer Alzamora Román, tiene un plazo de 40 días de investigación, que puede ser prorrogable porque el reglamento del consejo establece un plazo hasta de 60 días. Esta parte solo corresponde a Javier Atkins Lerggios, quien fue elegido por voto popular y la Contraloría no tiene potestad sancionadora.
También se ha encargado a la Comisión de Fiscalización para que realice el seguimiento del procedimiento administrativo sancionador que está empezando a implementar el órgano instructor de Contraloría General de la República respecto de funcionarios y/o servidores señalados en las observaciones de control.
En el otro punto de la Comisión de Fiscalización es que realizará también el seguimiento en cuanto al deslinde de responsabilidades de los ex funcionarios y ex servidores, que lo cumplirán en la Secretaría Técnica a través de procesos administrativos disciplinarios.
Cabe señalar que, la Secretaría Técnica es el órgano que tiene a cargo la Oficina de Recursos Humanos, lo que antes eran las comisiones especiales de procesos disciplinarios, y es la que va a tener que determinar el deslinde de responsabilidades que corresponde como Gobierno Regional.
Ante la inquietud de algunos consejeros respecto a qué ex funcionarios señalados en el respectivo informe continúan a la fecha, se indicó que éstos tienen hábiles sus derechos hasta que no termine el proceso sancionador y no se determine una sanción sobre ellos.
Sin embargo, el día que se determine el proceso sancionador (tanto de Contraloría como del Gobierno Regional) y se emita sanción o se archiven los casos si es que no se pudiera comprobar, entonces la Presidencia Regional tendrá que tomar una determinación sobre ellos, lo que se estima ocurra en seis meses aproximadamente.
Los funcionarios que tienen responsabilidad administrativa, son Msrgarita Rosales Alvarado, quien fue gerenta de infraestructura y además, gerenta general; Juan Chang Medina, Alejandro Olazábal, Walter Viera Robledi, David Troya Acha, entre otros.
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