ERP. En un contexto de crisis sanitaria, económica y política, las decisiones y actos contradictorios del Gobierno que no muestran coherencia con los mensajes presidenciales, generan preocupación en los diversos sectores de la población porque ponen en riesgo la gobernabilidad y sostenibilidad del país.
Un último suceso que continúa generando inestabilidad en nuestro Perú, es la denuncia pública formulada por Martha Carolina Linares Barrantes, exgerente general de EsSalud, poniendo en tela de juicio el respeto a los principios de transparencia, idoneidad y meritocracia, en perjuicio del sistema de salud, que merece la intervención inmediata de Contraloría de la República y las autoridades competentes a fin de iniciar una exhaustiva investigación en salvaguarda de los derechos de casi 12 millones de asegurados.
El proceso de selección y contratación de personal idóneo es fundamental para asegurar la competitividad de las organizaciones. Más aún, cuando se trata de una entidad que debe velar por la vida y la salud de millones de peruanos y en un contexto de pandemia por la COVID-19, en que debemos estar preparados ante la eventualidad de una posible tercera ola.
Cabe señalar que los principios, deberes y prohibiciones éticos se encuentran establecidos en el Código de Ética de la Función Pública y que su estricto cumplimiento es fundamental para fortalecer la capacidad del Estado para prevenir actos de corrupción y asegurar una gestión de calidad.
En ese mismo sentido, resulta incongruente el reciente pedido de renuncia de la directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que pone en peligro el proceso de reconstrucción, deuda social que el gobierno tiene con la región Piura, a más de cuatro años del fenómeno El Niño Costero; y arriesga el destino de proyectos emblemáticos e integrales como las defensas ribereñas, el drenaje pluvial y el manejo del río Piura. Es imprescindible, que el Gobierno respete el perfil establecido e idoneidad en el cargo, asegurando la continuidad de los trabajos avanzados en la reconstrucción.
Otro hecho, totalmente preocupante es lo referente a la II Reforma Agraria, que si bien, ante reclamos de múltiples instituciones, el Gobierno emitió la RM N° 281-2001-MIDAGRI, por la cual incluye algunos representantes del sector agrario (20%), no se han considerado a otros actores representativos del sector productivo agrario (80%), lo cual debe corregirse a la brevedad. Además, el reclamo continuará hasta que se otorgue a todos los participantes del grupo de trabajo su derecho a voto y no solo voz para participar, ya que en la práctica es lo mismo que una exclusión.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha anunciado para hoy su lanzamiento oficial. Sin embargo, esta comisión o grupo de trabajo no considera a todos los actores que representan al sector en sus diversos niveles, generando incertidumbre sobre la idoneidad del régimen agrario en ciernes, que debe impulsar la productividad y competitividad de este importante sector, promoviendo el desarrollo de la agricultura familiar, del pequeño, mediano y gran agricultor.
Qué podría lanzarse hoy, si supuestamente el objetivo de este grupo de trabajo de MIDAGRI era formular el plan de acción para el desarrollo del sector en el marco de la segunda reforma agraria, que recoja información proveniente de espacios participativos a nivel nacional, lo que no se ha llevado a cabo.
Por otro lado, otro hecho que genera zozobra es la amenaza de nacionalización del gas de Camisea que ha provocado inestabilidad e intranquilidad entre los inversionistas y agentes económicos, así como, ha conllevado que el dólar llegue a un nuevo máximo histórico, impactando a la empresa, los trabajadores y las familias.
Al respecto, exigimos que se respete el debido proceso. Modificar el contrato le compete al Congreso de la República.
Exhortamos al presidente de la República, asumir su liderazgo y encaminar el rumbo de nuestro país, con base en un trabajo conjunto con el sector privado, fortaleciendo la democracia y la institucionalidad, escuchando a los diversos actores y sectores del país, poniendo mano firme ante los casos de corrupción, y respetando los mencionados principios de transparencia, idoneidad y meritocracia.
