ERP. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura supervisó el desarrollo de las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en seis centros de inmunización en los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y en la provincia de Sullana, y advirtió algunas deficiencias, como la falta de rampas de acceso y sillas de ruedas para facilitar la circulación de personas adultas mayores o con discapacidad, el poco uso de protectores faciales entre el personal de salud y la ausencia, en un centro de vacunación, del kit para atender emergencias por posibles eventos adversos que pudieran ser causados por la vacuna.
Los centros de inmunización supervisados fueron el local comunal del Asentamiento Humano Nuestra Señora de Fátima, en el distrito Veintiséis de Octubre; la Universidad de Piura (UDEP) y la Universidad Los Ángeles de Chimbote (Uladech), en Piura; la Institución Educativa CAP FAP José Abelardo Quiñones, en el distrito de Castilla; y el colegio Víctor Raúl Haya de La Torre, así como el Instituto Juan José Farfán Céspedes, en Sullana.
En el local comunal del Asentamiento Humano Nuestra Señora de Fátima se constató la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad, ya que no había rampas para el ingreso al local que faciliten la circulación de adultos mayores en sillas de ruedas o en andadores. Tampoco se respetaba el distanciamiento físico, las áreas no estaban debidamente señalizadas y los ambientes no contaban con la ventilación e iluminación adecuadas ni tenían un área para residuos sólidos. En el local tampoco se contaba con el kit de emergencia para atender Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (Esavis).
En el vacunatorio de la UDEP, aunque sí se contaba con rampas para el ingreso al local, así como sillas de ruedas de propiedad de la universidad, se observó que el área para residuos médicos no estaba señalizada. La misma situación se presentaba en la Uladech, donde además no se respetaba el distanciamiento físico. En tanto, en el centro de vacunación I. E. CAP FAP José Abelardo Quiñones no había sillas de ruedas y las áreas tampoco estaban debidamente señalizadas.
En la provincia de Sullana, el centro de vacunación del Instituto Juan José Farfán Céspedes contaba con una silla de ruedas para personas con discapacidad y rampa de acceso al local, sus ambientes eran amplios, ventilados y techados y estaban rotulados. A diferencia de ello, en la Institución Educativa Victor Raúl Haya de La Torre no habían rampas de acceso al local ni sillas de ruedas y, aunque había un área de desechos, los tachos no contaban con tapa y se encontraban cerca de las personas ubicadas en la zona de post vacunación. Además, se constató demora en la atención en triaje.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura manifestó la necesidad de imprimir mayor celeridad al proceso de vacunación, pues de las 502 586 dosis de las vacunas contra el COVID-19 recibidas, todavía quedan por aplicar 169 979 dosis, de acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis).
El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, exhortó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) asegurar que el proceso de vacunación contra el COVID-19 se realice en condiciones adecuadas, garantizando en todo momento el derecho a la salud. Asimismo, señaló, que la institución continuará con su trabajo de supervisión y vigilancia y recordó a la ciudadanía que, ante cualquier vulneración de sus derechos, se puede comunicar con los números de emergencia: 945084500 y 969621608 o al correo electrónico
