ERP. La Primera Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura realizó un operativo preventivo conjunto, dirigido a empresas de transporte terrestre, con el fin de contrarrestar factores de riesgo en delitos contra la salud pública - violación de medidas sanitarias, y contra la libertad - atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, esta acción es complementaria a lo realizado en carreteras.
La fiscal provincial Carmen Zapata Benites y la fiscal adjunta Pilar Zavala Castillo, conjuntamente con personal policial de la Comisaría de Piura, de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (SUTRAN) y de Sunafil, intervinieron las empresas “Transportes Chiclayo” y “Transportes El Dorado”, ubicadas en la Av. Sánchez Cerro, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población y la seguridad y salud en el trabajo en el marco de la fase de reanudación económica aprobada en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19.
La Representante del Ministerio Público recomendó a los administradores, de las empresas intervenidas, la observancia obligatoria de protocolos sanitarios en materia de transporte, así como en materia sociolaboral, en prevención de delitos contra la salud pública y contra la libertad de trabajo. Asimismo, en prevención de trata de personas, impedir el traslado de menores de edad que no se encuentren en compañía de sus padres o apoderados, habiendo presentado la documentación respectiva.
Fiscalía realiza operativos en terminales terrestres
Por su parte, inspectores de Sutran verificaron el cumplimiento de los protocolos sanitarios en materia de transporte, emitidos en la Resolución Ministerial 301-2020-MTC, mientras que personal de Sunafil verificó las condiciones sociolaborales y que las empresas tengan el plan de prevención de la Covid-19 en favor de sus trabajadores.
A su vez, los efectivos policiales sometieron a control de identidad a las personas que se encontraban en la zona de embarque a efectos de verificar la existencia de menores de edad y si éstos se encontraban con sus padres y/o apoderados; así como también personas requisitoriadas o con persecución penal o policial.
