Falta de personal, cámaras de videovigilancia inoperativas y equipos deficientes para controlar a los visitantes figuran entre las principales observaciones. Siete establecimientos carecen de sistemas de bloqueo de señales de celulares e Internet.
ERP. La Contraloría General de la República (CGR) identificó 265 situaciones adversas en 52 establecimientos penitenciarios del país, durante un operativo de control realizado del 14 al 16 de setiembre de 2026. Las deficiencias advertidas comprometen la seguridad y vigilancia de los penales, que albergan a cerca de 90 mil internos. La mayor concentración de riesgos se registra en establecimientos de Lima.
La principal problemática corresponde a la insuficiente disponibilidad de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación en los puestos de seguridad, con 81 situaciones adversas identificadas. Entre los penales con estas limitaciones figuran Miguel Castro Castro, Cañete y Huacho, en Lima; Huaraz y Chimbote, en Áncash; Chincha, en Ica; La Oroya y Chanchamayo, en Junín; Trujillo, en La Libertad; y Tumbes, Tarapoto y Moquegua.
Según los informes de control, 24 de los 52 establecimientos supervisados tienen personal insuficiente para cubrir torreones, perímetros, sistemas de videovigilancia y labores de traslado y custodia de internos. Esta situación podría limitar la respuesta ante incidentes que pongan en riesgo a los internos, trabajadores penitenciarios y visitantes.
Además, se detectaron agentes de seguridad sin licencia para portar armas de fuego o con autorizaciones vencidas. De los 229 agentes con licencias vencidas, 200 trabajan en el penal Miguel Castro Castro y 29 en el establecimiento penitenciario de Chachapoyas, en Amazonas.
Cámaras de vigilancia presentan deficiencias
La Contraloría advirtió situaciones adversas vinculadas con la inoperatividad de cámaras de videovigilancia en 43 de los 52 penales supervisados, con un total de 51 observaciones relacionadas con este problema.
Entre las deficiencias figuran cámaras malogradas, imágenes borrosas o sin visualización, puntos ciegos y sectores sin cobertura. También se detectaron periodos de almacenamiento de grabaciones inferiores a los 60 días establecidos por la normativa, lo que podría dificultar la supervisión y la revisión de incidentes.
Los riesgos se observaron con mayor frecuencia en la Base Naval–Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Callao), Yurimaguas e Iquitos (Loreto), Bagua Grande (Amazonas), Arequipa y Camaná, así como en Cochamarca (Pasco).
Equipos deficientes para controlar a visitantes
Otro problema identificado fue la falta o inoperatividad de equipos tecnológicos para revisar a las personas y los bienes que ingresan a los establecimientos penitenciarios. Este aspecto registró 50 situaciones adversas.
Los auditores encontraron equipos de rayos X, arcos detectores, escáneres, sistemas de control biométrico y detectores portátiles de metales inexistentes, malogrados o fuera de servicio.
En los penales de Chimbote y Callao, por ejemplo, el control de ingreso, inspección y registro de personas se realiza únicamente de manera manual debido a fallas en los equipos. También se reportaron equipos inoperativos en Challapalca, Camaná, Huancayo, Huánuco, Cochamarca, Cajamarca y Trujillo.
Siete penales no tienen bloqueadores de señal
La supervisión también identificó riesgos relacionados con los sistemas de bloqueo de señales de telefonía móvil, Internet y radiofrecuencia en 13 establecimientos penitenciarios.
Siete penales carecen de sistemas de bloqueo o inhibición de estas señales: Barbadillo, en Lima; Base Naval–CEREC, en el Callao; Río Negro, en Junín; Juanjuí y Tarapoto, en San Martín; Iquitos, en Loreto; y Pucallpa, en Ucayali.
En otros seis establecimientos, pese a contar con inhibidores instalados, no se encontraron resultados de las pruebas de efectividad ni reportes de incidencias sobre su funcionamiento. Asimismo, en los penales del Callao y Chiclayo se comprobó que había señal de telefonía móvil pese a contar con sistemas de bloqueo.
Deficiencias en muros, cercos y torreones
En 41 de los 52 establecimientos supervisados se identificaron problemas en las condiciones físicas de la seguridad perimetral. Las observaciones incluyen deficiencias en muros, cercos, mallas y estructuras de los torreones, así como limitaciones en la iluminación y los faros de vigilancia nocturna.
La Contraloría informó que los resultados del operativo fueron comunicados a los directores regionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para que adopten las medidas correctivas correspondientes y remitan la información al Órgano de Control Institucional de dicha entidad.
Diario El Regional de Piura
