ERP. La Contraloría General detectó incrementos remunerativos irregulares en trabajadores bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, JAMO II-2 de Tumbes, desde el año 2019 hasta el presente año, a pesar de existir normativa expresa que prohíbe a las entidades de gobiernos regionales el reajuste o incremento de sueldos, bonificaciones, entre otros, pues afecta las escalas salariales y expone a la entidad a futuro procesos judiciales.
De acuerdo al Informe de Control Específico N.º 014-2023-2-6010-SCE, la entidad otorgó en forma errónea la condición de CAS a plazo indeterminado en contratos de naturaleza temporal, basándose en la Ley N.º 31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público.
En tal sentido, sobre la citada ley, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), concluyó que los contratos en esa modalidad hasta el 9 de marzo del 2021, un día antes de entrar en vigencia la ley, son válidos y su permanencia se sujeta a la condición original (Proceso CAS ganado por el trabajador) y a la suscripción de una adenda que modifique el plazo a permanente; por lo tanto, no autorizaba dicha ley la variación de la remuneración de los servidores.
Además, la comisión de control detectó que la entidad suscribió adendas para otorgar la condición de contrato a plazo indeterminado consignando como sustento legal la ley N.º 31131 cuando su primer contrato fue realizado en mérito al Decreto de Urgencia N.º 029-2020, cuya naturaleza es de carácter temporal y quedar resueltos automáticamente al culminar la emergencia Sanitaria.
Asimismo, se evidenció que 27 trabajadores CAS suscribieron adendas para pasar a plazo indefinido y en paralelo se les incrementó el monto de sus sueldos sin tener un sustento legal lo que constituye un perjuicio económico de S/130 753.87 calculado hasta abril del 2023.
Cabe resaltar que el jefe de la Unidad de Personal del Hospital fue quien dispuso que funcionarios elaboren y formalicen el pase de los CAS y CAS Covid a plazo indeterminado y cuyas contrataciones fueron suscritas por el director de la entidad y el mencionado jefe de personal. Para los pagos, las planillas fueron elaboradas y aprobadas por las jefaturas de Remuneraciones, Personal y oficina de Administración.
Tras las irregularidades determinadas, se identificó a 22 funcionarios con presunta responsabilidad civil, 8 administrativa a cargo de la entidad y 15 bajo el Proceso Administrativo Sancionador de la Contraloría.
El documento fue enviado al Director Ejecutivo del Hospital JAMO para que adopte las acciones necesarias y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
