Habrían favorecido a postor en proceso de adjudicación del PVL
ERP/Tumbes. Cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Tumbes, vienen siendo investigados por presuntos delitos de corrupción, por parte de la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios de Tumbes.
Se trata de Pedro Octavio Mejía Reyes, Fernando Morán Lupú, Nicolás Antonio Lojas Gonzales (quien hasta el 2013 ejerció como Procurador de la Municipalidad de Zarumilla) y la nutricionista Martha Gudelia Sosa Jiménez.
El fiscal, Jorge Andrés Nole Sócola, a cargo de las investigaciones, informó que el proceso se encuentra en la etapa de control de acusación, cuya audiencia fijada para esta mañana tuvo que ser reprogramada para el 13 de marzo.
Esta reprogramación se hizo debido a la inasistencia del abogado José Nole Núnjar -defensor de dos de los imputados- el mismo que sería quejado ante el Colegio de Abogados por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes.
Según las investigaciones, los imputados serían autores del presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo en agravio de la comuna de Tumbes al haber incurrido en una deficiente administración del Programa Vado de Leche (PVL).
En esa ocasión, los exfuncionarios habrían beneficiado al postor Segundo Baldomero Gonza Villalta, quien resultó ganador del proceso de adjudicación directa N° 002-2005-CEP-PVL-MPT el cual se realizó con bases administrativas deficientes, admitiendo su propuesta técnica que carecía de los requisitos mínimos establecidos, además de no contar con el quórum reglamentario del Comité Especial.
Dicha buena pro se adjudicó por el monto de 445mil 793.40 nuevos soles. Posteriormente, Gonza Villalta hizo entrega de un producto que no cumplía con los requerimiento técnicos establecidos en las bases, originando que los beneficiarios del PVL recibieran un producto que con tenía la calidad exigida por la norma.
Ante esto, el Ministerio Público, ha solicitado seis años de pena privativa de la libertad para los exfuncionarios, la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, y una reparación civil de 500 mil nuevos soles.
Datos
La fiscalía cuenta con un informe pericial contable donde se acredita que el perjuicio económico irrogado al Estado Peruano asciende a 445mil 793.40 nuevos soles
Además existe un informe Especial de la Contraloría General de la República, que determina que se otorgó la buena pro a un postor cuya propuesta no cumplía los requerimientos técnicos, entre otras irregularidades, originando que los beneficiarios no reciban un producto de calidad.
