ERP. Una noticia que podría generar una crisis institucional en el Tribunal Constitucional se desprende de lo informado por un colaborador eficaz en los casos de corrupción que compromete al ex alcalde de Chiclayo. Según informa Diario La república, el colaborador eficaz N° 14-2014 ha declarado a la fiscalía que Torres pagó 160 mil dólares a dos magistrados del TC para que resuelvan a su favor. Cada uno de estos, hoy ex magistrados, habrían recibido 80 mil dólares en efectivo, reveló el titular de la 3ª Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, Lucio Zapata.
Roberto Torres Gonzáles, ahora en el penal de PICSI en Chiclayo, fue sentenciado anteriormente y no haber mediado la resolución del tribunal Constitucional que anula la condena; hubiera sido vacado. El señalamiento es contra dos ex magistrados, cuyos nombres no han sido detallados; sin embargo, revisando la resolución es firmada por Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Beaumont Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Mientras que se opusieron Óscar Urviola Hani, Fernando Calle Hayén y Juan Vergara Gotelli.
La acusación contra los ex miembros del Tribunal Constitucional la hizo el fiscal durante la audiencia en la que se decidió la prisión preventiva de Roberto Torres, por 18 meses. Aunque el fiscal no dio mayores detalles, La República pudo conocer que el colaborador señaló a Carlos Mesía y Gerardo Eto como los magistrados que habrían recibido el pago.
Según se indica, el dinero se habría entregado a través de un intermediario en un parque de Miraflores, en Lima, en setiembre del 2012, y luego Torres confirmó que el dinero llegó efectivamente a los personajes mencionados, precisó el testigo a la fiscalía. Para corroborar su versión, el colaborador ha entregado una serie de pruebas documentales sobre este y otros hechos de corrupción, en los que estarían involucrados jueces, fiscales y también miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
Al principio, el caso quedó empatado tres a tres, sin la intervención de Eto, por lo que el presidente del TC, Óscar Urviola, tenía el voto decisorio. Eto no había intervenido en la audiencia, en la que la defensa de Torres sustentó su demanda, el 12 de diciembre del 2012. El doctor Gerardo Eto se abstuvo por decoro de ver este caso, lo que fue aceptado por el TC el 5 de marzo. Pero en abril, firmó la sentencia y completó los cuatro votos que salvaron a Torres. Su voto no tiene argumentación, solo dice que concuerda con lo resuelto por sus colegas, lo que apenas ocupa media página tamaño A4.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, si un alcalde o regidor tiene sentencia firme debe ser vacado. La resolución contra Torres debería haberse aplicado y Torres Gonzáles vacado; sin embargo, con esta inusual resolución del Tribunal Constitucional, el alcalde de Chiclayo evitó ser retirado del cargo.
Tribunal Constitucional se compromete a colaborar en investigación
El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola Hani, hizo público el acuerdo del Pleno de prestar su colaboración con el Ministerio Público en la investigación que se viene llevando a cabo por el caso del detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, de ser requerida.
"En nombre de los nuevos magistrados del TC y del mío propio, hago conocer a la ciudadanía que somos los más interesados en que se esclarezcan las versiones propaladas por diversos medios de comunicación que dan cuenta de presuntos actos ilícitos que habrían ocurrido años atrás en la entidad, con motivo de la resolución del Expediente N° 04298-2012-PA/TC, promovido por el detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales", declaró Urviola.
Luego de culminar una sesión de Pleno donde se abordó el referido asunto, el titular del TC manifestó que "la imagen del Tribunal no tiene porqué empañarse por la comisión de un presunto delito, el mismo que deberá ser respondido por su autor o autores, con pleno respeto del principio de presunción de inocencia que reconoce la Constitución. Este nuevo TC reafirma su cabal compromiso de lucha contra la corrupción".
El Pleno, por unanimidad, y sin perjuicio de la investigación a cargo del Ministerio Público, acordó constituir una comisión de investigación interna para establecer las responsabilidades administrativas en que se pudiese haber incurrido.
