ERP. La Contraloría General identificó hechos que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas de la Ayuda Económica de 500 soles mensuales destinada a la población damnificada por el fenómeno de El Niño Costero para el arrendamiento de una vivienda, debido a que las suyas se encuentran en condición de colapsadas o inhabitables, en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa.
En el informe de Acción Simultánea N° 303-2018-CG/VIT-AS realizada del 23 de febrero al 22 de marzo de 2018 se precisa que los hechos identificados pueden también afectar la transparencia, probidad y normativa aplicable al procedimiento de entrega de la referida ayuda.
Los riesgos se evidenciaron durante visitas de inspección para verificar los procesos implementados para la entrega de la ayuda; así como los mecanismos de supervisión y control realizados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) sobre la base de una muestra estadística representativa de 133 de los 606 damnificados beneficiarios a febrero de 2018, distribuidos en las 7 regiones mencionadas.
Cabe señalar que mediante el Decreto de Urgencia N° 014-2017 se autorizó al Ministerio de Vivienda a otorgar una Ayuda Económica de S/ 500 mensuales con carácter de excepcional, a la población damnificada que perdió su vivienda a consecuencia del fenómeno climático del 2017, con la finalidad de que mejoren sus condiciones actuales de hábitat, brindándole protección inmediata que, adicionalmente, le permita reactivar su economía.
Riesgos identificados
El equipo auditor de la Contraloría identificó los siguientes riesgos que están limitando la efectividad en la entrega de la ayuda económica:
1. El MVCS no viene asignando los recursos financieros al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para realizar las visitas de inspección a las viviendas que no figuran en el catastro de daños. En el período en el que se realizó la Acción Simultánea se identificó que 5,716 solicitudes de visitas inspección de un total de 6,290 se encontraban pendientes, habiendo superado el plazo de 15 días hábiles establecido para su realización. Dicha situación viene retrasando la oportuna atención a los potenciales beneficiarios, generando el riesgo de que no se brinde la atención inmediata.
2. El MVCS no definió medidas complementarias que permitan identificar si la vivienda afectada mantenía la condición de inhabitable o colapsada, y/o si el beneficiario cuenta con otra propiedad habitable; generando el riesgo de inclusión en el listado final de beneficiarios a población que no cumple con los requisitos establecidos por el Decreto de Urgencia mencionado y, en consecuencia se afecte la correcta focalización de la intervención establecida en la norma.
Cabe señalar que durante las inspecciones realizadas se identificaron 23 casos de beneficiarios que no cumplían con los criterios establecidos para ser considerados como beneficiarios de la ayuda económica. Adicionalmente, se identificó que 15 beneficiarios incluidos en el listado final de marzo de 2018 cuentan con más de una propiedad, y por lo menos con una vivienda que pueden habitar.
3. El MVCS no ha establecido, ni definido lineamientos de carácter específico que precisen los criterios y fuentes de información a ser utilizados para verificar si las viviendas alquiladas brindan las condiciones de habitabilidad adecuadas, situación que pone en riesgo el alcance de los objetivos y finalidad de la ayuda económica.
La Contraloría comunicó oportunamente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los riesgos identificados a fin de que implemente las medidas correctivas pertinentes. Por su parte, la referida entidad informó, hacia fines de mayo, que está tomando acciones que permitan disminuir o superar los riesgos advertidos en el referido servicio de Acción Simultánea.
