Hay aproximadamente 900 casos investigados, dice procurador Christian Salas
Lima. Entre ocho y diez regiones del país constituyen "focos de alarma" por la alta cantidad de denuncias de corrupción que se concentran en torno a sus autoridades y el manejo de fondos públicos, informó el procurador anticorrupción, Christian Salas.
Según explicó a la Agencia Andina, la lista la integran jurisdicciones como Áncash, Junín, Arequipa, Ayacucho, Loreto, Lambayeque y Ucayali, entre otras, que tienen alrededor de 900 casos aproximadamente en investigación.
Los casos detectados, mencionó, comprenden un grave perjuicio al Estado, a través de los presuntos delitos de colusión en las obras o licitaciones públicas millonarias, peculado y malversación de fondos públicos.
Para Salas, no se tiene por ahora un estimado de las pérdidas que habrían provocado al Tesoro Público estas acciones, ya que los casos se valoran por la afectación al presupuesto fijo o monto de la obra y por lo que deja de percibir el Estado por una obra ausente o mal realizada.
"Hay corrupción en todas las regiones sí, pero hay algunas que son focos de alarma y son entre ocho y diez; las tenemos plenamente identificadas y vamos a investigar. Tenemos un programa de viaje listo con es propósito", indicó.
Si bien refirió que no se puede precisar la fecha en que viajarán por un tema de estrategia, a fin de no poner sobre aviso a los funcionarios a auditar, aseguró que las investigaciones "in situ" se llevarán a cabo de todas maneras.
Caso Tumbes
En el caso de la región Tumbes, a cuyo presidente regional se le atribuyen actos de corrupción, Salas precisó que formuló una denuncia por la venta presuntamente irregular de terrenos valorizados en varios millones de nuevos soles, a un precio por debajo de su costo real.
"Tumbes es un tema en el que vamos avanzando, aunque no es comparable, en cuanto a cantidad de casos, como otras regiones. En Tumbes se tiene de 200 a 250 denuncias", manifestó el procurador.
La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tumbes dispuso investigar a funcionarios del gobierno regional de Tumbes por la venta ilegal de 35 hectáreas de terreno eriazo del Estado, lo que provocó perjuicio económico superior a los 26 millones de soles.(Andina)
