ERP. El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, participó en una reunión con periodistas de diversos medios de comunicación escritos, especializados en la fuente fiscal, donde se dio a conocer el avance de los casos emblemáticos que sigue el Ministerio Público en materias de lavado de activos, corrupción de funcionarios, terrorismo y derechos humanos, crimen organizado y delitos ambientales.
El titular del Ministerio Público insistió en la necesidad de contar con un mayor presupuesto que permita a la institución atender los altos índices delictivos en todo el país. Como muestra de ello, el magistrado indicó que se ha solicitado presupuesto para la designación de cien fiscales y 20 peritos. Asimismo, que se ha planteado la necesidad de crear una fiscalía suprema para casos de corrupción de funcionarios, cuya implementación se estima en 7 millones de soles, pero sin embargo ambas solicitudes no han sido atendidas.
El magistrado indicó que, pese a ello, hay avances importantes que deben ser conocidos por la ciudadanía. En ese sentido, informó que existe una comunicación directa con las autoridades brasileras en torno al denominado caso Lava Jato, indicando que viene evaluando la creación de un equipo especial que unifique todas las investigaciones sobre el tema.
Además, se dio a conocer que la denuncia sobre presuntas irregularidades en la adquisición de computadoras en el Ministerio de Educación se encuentra a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, de Lavado de Activos, quien ha ordenado el congelamiento de cuentas que se hallaron por un monto que sobrepasa el millón y medio de dólares. El fiscal Juárez Atoche dispuso derivar al subsistema de Corrupción de Funcionarios la parte que concierne a los delitos contra la administración pública en ese caso, que ha sido asumida por el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, a cargo de la fiscal Rosario Quico.
De otro lado, se informó que la denuncia referida a la adquisición de equipos de cómputo y canastas navideñas en el Congreso de la República se encuentra en el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, a cargo de la fiscal Norah Córdova Alcántara, quien se encuentra analizando el caso.
El doctor Sánchez Velarde estuvo acompañado de los fiscales superiores coordinadores de los subsistemas especializados del Ministerio Público: Jorge Chávez Cotrina, de Crimen Organizado; César Zanabria Chávez, de Corrupción de Funcionarios; Luz Ibáñez Carranza, de Terrorismo y Derechos Humanos; Rafael Vela Barba, de Lavado de Activos; y Flor de María Vega, de Medio Ambiente.
Además, participaron fiscales provinciales que tienen a su cargo importante casos emblemáticos. El fiscal superior Rafael Vela Barba indicó que, para el Ministerio Público, la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón no puede abandonar el país en tanto no se resuelva la apelación presentada ante la decisión del juez Carhuancho. En ese sentido, indicó que, mientras no se fije fecha para la audiencia de apelación, continúa vigente la medida anterior dispuesta por Carhuancho.
El magistrado aclaró, asimismo, que el fiscal Juárez Atoche no solicitó prisión preventiva contra Heredia Alarcón, sino una medida de apercibimiento, es decir que si la investigada incumpliese una norma de conducta se le podría imponer una medida más grave.
En lo que concierne al caso Orellana, la fiscal provincial Marita Barreto indicó que el caso es más que complejo, señalando que la investigación se inició con 20 investigados pero actualmente existen 412, entre personas naturales y jurídicas, y se ha incautado cerca de 300 millones de dólares y cien inmuebles. La magistrada dio a conocer que, probablemente a fines de enero próximo, estará presentando la acusación contra la cúpula criminal que habría encabezado el exempresario.
