ERP. El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la Contraloría General de la República ratificó la sanción de inhabilitación para ejercer la función pública de tres exfuncionarios de Petróleos del Perú (Petroperú) involucrados en las irregularidades evidenciadas por esta entidad fiscalizadora superior en el marco del proceso de adquisición de Biodiesel B100 por un monto total de US$ 84 304 215.
Cabe recordar que como resultado de un servicio de control realizado a Petroperú se emitió el Informe de Control Específico N° 4318-2022-CG/PROT-SCE el 17 de agosto de 2022 sobre el proceso de adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local e internacional, el cual fue adjudicado a un proveedor nacional. Al respecto, la Contraloría General concluyó que en dicho proceso un grupo de exfuncionarios de Petroperú determinaron irregularmente el volumen de compra y periodos abreviados para la primera entrega del producto.
Además, se determinó que el Comité de Importaciones y Exportaciones de Petroperú no aprobó la operación de comercio internacional y se irrogó funciones que no tenían, lo cual limitó la participación de proveedores internacionales y eso benefició al proveedor nacional que ganó la buena pro. Asimismo, no se cobraron penalidades por retraso injustificado del proveedor elegido, ocasionando un perjuicio económico de US$ 2 342 350. Por estos hechos se determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa PAS en siete exfuncionarios de la petrolera estatal.
Posteriormente, el Órgano Instructor de la Contraloría inició un procedimiento administrativo sancionador contra los involucrados y se impuso sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por la comisión de las infracciones número 18 (omitir cobro de penalidades), 21 (procurar beneficios o ventajas indebidas) y 32 (incumplir, negarse o demorar de manera injustificada el ejercicio de sus funciones) del artículo 46° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley N° 31288.
Sin embargo, cuatro exfuncionarios de Petroperú, en ejercicio de su derecho de defensa, presentaron un recurso de apelación contra la Resolución N° 000218-2023-CG/OSAN del 27 de junio de 2023, el cual fue elevado al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas para su evaluación y resolución. Del total de apelaciones presentadas, solo una fue declarada fundada.
Los inhabilitados
La Resolución N° 000032-2023—CG/TSRA-SALA2 fijó la inhabilitación de dos años y siete meses recaída en el ex Gerente del Departamento de Planeamiento Operacional, quien al fijar el volumen y plazo de entrega limitó la participación de proveedores internacionales, beneficiando así a la empresa que se adjudicó la buena pro.
También se decretó la inhabilitación de 180 días para el ex Gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos, quien no proporcionó al Comité de Suministro y Demanda (COSUDE) –antes de la convocatoria a concurso– la información consistente en volúmenes y fechas aproximadas de cada operación, lo que impidió identificar una mejor alternativa de contratación.
Mientras que el ex Jefe de Administración de Contratos demoró el otorgamiento de su conformidad o disconformidad a varias facturas presentadas por la empresa ganadora de la buena pro, lo que determinó la inaplicación de penalidades en varios de los contratos con dicha empresa por el orden de US$ 2 342 350. Por este hecho fue inhabilitado por tres años y ocho meses para el ejercicio de la función pública.
La ciudadanía en general puede acceder y revisar los detalles de la resolución del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General accediendo al Buscador Temático de Resoluciones del TSRA.
