ERP. La Tercera Sala Constitucional concedió una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia, disponiendo que el Congreso de la República, suspenda provisionalmente todos los efectos del informe final que considera que los integrantes de dicho ente constitucional, han cometido falta grave y que por ende deben ser removidos de sus cargos.
De acuerdo a la legislación nacional, con esta decisión, el pleno del Congreso deberá acatar dicha resolución; sin embargo, acordes a una sentencia del Tribuinal Constitucional es posible que avancen en sus pretensiones de defenestrar el ente que es responsable de gestionar el sistema de justicia.
La Resolución indica “Suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica les formulara" a los miembros de la Junta Nacional de Justicia Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Tello, Antonio De la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry; cuya programación del pleno ha sido establecida para este 8 de noviembre.
Según indica el documento los alcances de la medida cautelar comprende suspender "todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma".
Los magistrados que vieron el caso hacen referencia al principio de legalidad, según el cual "no se puede atribuir a ninguna persona la la comisión de una falta si esta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si esta no está especificada por la ley". Pese a ello, el Congreso impulsa un proceso seriamente cuestionado.
La Tercera Sala Constitucional también apunta que "ni el texto constitucional ni la ley describen o tipifican anteladamente alguna conducta que configure esa 'causa grave'. Entonces (...), se habría iniciado y seguido una investigación parlamentaria sumaria (...) con la imputación de un cargo que se habría originado en una presunta amplia discrecionalidad de los miembros del Congreso de la Republica".
Existe incertidumbre respecto a lo que puede suceder este 8 de nvoeimbre, cuando el Pleno se encuentre en la disyuntiva de debatir y aprobar el Informe Final, considerando el impedimento judicial, que en teoría deberá acatarse y cumplirse, como lo hacen todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Hacer lo contrario generaría un eslabón más de actos violatorios de la Constitución.
