Es una "burrada monumental" decir que cometió un acto ilegal al grabar llamadas
Lima. El ex procurador anticorrupción Christian Salas aseguró hoy que el ministro de Justicia, Daniel Figallo, debe renunciar al cargo, luego de hacerse público su presunto interés en el caso Martín Belaunde Lossio y tras el escandaloso despido de la ex procuradora adjunta Yeni Vilcatoma, quien denunció el hecho.
En conversación con Canal N, Salas dijo que dijo que es un error "intentar justificar pedidos de información de este caso por parte del ministro de Justicia" y que es necesario que el actual procurador Joel Segura se manifieste sobre el caso.
"Esta oficina no puede ser manejada por ningún poder político. El ministro de Justicia realiza un trabajo un nivel administrativo, y a ese nivel hay contacto con la Procuraduría Anticorrupción más no a un nivel funcional", explicó.
"El ministro no puede decirle al procurador qué hacer, porque eso implica que el poder político ingresa en los mecanismos anticorrupción", dijo.
En conversación con Perú21, Salas señaló que la salida de Vilcatoma afecta "el nivel de defensa jurídica del Estado" y consideró un abuso los ataques a los que han sometido a la ex defensora del Estado.
"Es comprensible que políticos del gobierno no estén de acuerdo con un funcionario que reclama la separación de un ministro. Pero de ahí a despedirla por televisión, atacarla mediática y conjuntamente es abusivo", señaló.
"Una burrada monumental"
Salas confirmó que tras la reunión sostenida entre Figallo, el asesor presidencial Eduardo Roy Gates y funcionarios de la Procuraduría, él le pidió a sus procuradores que registren todo lo concerniente al caso 'La Centralita' y defendió el derecho de Vilcatoma de grabar su conversación con Figallo.
Así, calificó como una "burrada monumental" lo dicho por el congresista Omar Chehade, quien aseguró que Vilcatoma cometió una "inconducta funcional" al grabar la llamada telefónica con el titular de Justicia.
"Eso demuestra un total desconocimiento de las propias normas que el Estado dio en protección al denunciante. Hay una ley de 2010. Todo ciudadano, —más un funcionario que considera que está ante pedidos irregulares o presuntos hechos delicitivos— está en el derecho de grabar sus propias conversaciones", indicó.
"No estamos ante chuponeo ni interceptación telefónica. Eso está amparado por la ley. Decir que es una inconducta o acto ilegal es una "burrada monumental", agregó.
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