ERP. Funcionarios y servidores públicos quedarán sin sanción administrativa debido a vacío legal generado. El presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), Enrique Aguilar, manifestó que la suspensión de su potestad sancionadora administrativa concretará la impunidad en casos emblemáticos de corrupción pero también aquellos en donde la Contraloría determinó inconductas funcionales, en los que están involucrados más de 15 mil funcionarios y servidores públicos.
“En julio están por caducar los casos de 65 ex funcionarios que involucran S/ 9 millones, sumado a los 110 casos de otros ex funcionarios que ya caducaron en mayo y junio último que representan más de S/ 28 millones, estamos hablando de S/ 37 millones de soles de perjuicio económico al Estado”, alertó Aguilar.
Enrique Aguilar, presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).
Como se recuerda, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) emitido el 28 de abril del 2018, pero publicado un año después, el 26 de abril del 2019, reconoció constitucionalmente la capacidad sancionadora pero, a la vez, dejó sin efecto el catálogo de sanciones administrativas del Organismo Superior de Control. Se solicitó una aclaración para que se especifiquen los alcances de la misma, lo cual debió resolverse en dos días de acuerdo al Código Procesal Constitucional. Sin embargo, han transcurrido más de dos meses y sigue pendiente, mientras que varios casos emblemáticos más podrían caducar.
“La sentencia del TC reconoció la constitucionalidad de la capacidad sancionadora de la Contraloría pero la debilitó al dejar un vacío normativo para los procesos administrativos sancionadores (PAS) que ya estaban encaminados y que se extiende ahora a los que estaban por ingresar, producto de las auditorías realizadas”, explicó el titular del TSRA.
Aguilar advirtió que otra consecuencia del fallo del TC, es que no solo atan de manos a la Contraloría para luchar contra la corrupción, sino que a la fecha, 300 ex funcionarios que fueron sancionados con anterioridad a la publicación de la referida sentencia, están solicitando al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas la anulación de la medida impuesta con el propósito de ser repuestos en sus cargos. A la vez, estos casos podrían llegar a judicializarse y constituir un gasto más para el Estado.
Entre los principales casos que podrían quedar impunes o sin sanción administrativas, tenemos los siguientes:
Obra construcción vía Costa Verde
Presunta responsabilidad PAS en 16 funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao. Se detectó perjuicio económico de más de S/ 46 millones debido a la aprobación de sucesivos adicionales de obra para implementar aspectos sin sustento técnico; asimismo, se convocó a la licitación de esta obra sin contar con la disponibilidad física del terreno; ambos aspectos implicaron mayores plazos, gastos de ejecución y mayores pagos; más aún, en la obra hay trabajos ejecutados sin la calidad de las especificaciones técnicas y normativas, generando un pago que no correspondía. Caducó: 23/06/2019.
Servicio de limpieza municipal pública del Callao (ESLIMP-CALLAO).
En dos auditorías se halló presunta responsabilidad PAS en 11 funcionarios. Se evidenció perjuicio económico por cerca de S/ 60 millones por servicios de recolección de residuos sólidos que no se brindaron y que se pagaron en forma irregular. Caso está en primera instancia.
Tramo 2 de la Línea 1 - Metro de Lima
Presunta responsabilidad PAS de 13 ex funcionarios de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 20 millones. Caso está en primera instancia.
Finalmente, el presidente del TSRA hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que emita cuanto antes la aclaración sobre su fallo; así como al Congreso de la República para que priorice en el Pleno el debate y aprobación del proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa, lo que permitirá restituir la potestad sancionadora de la Contraloría, y que sin medir las consecuencias, motivó el Tribunal Constitucional.
