ERP. El Contralor General, Nelson Shack, solicitó al Congreso de la República priorizar el debate y aprobación de tres importantes iniciativas legislativas presentadas por su institución, entre las cuales destaca el Dictamen de Ley que restituirá, en la práctica, la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios públicos por inconducta funcional.
Esta semana, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el Dictamen del Proyecto de Ley N° 4267, presentado por la Contraloría General, donde se tipifican las conductas infractoras materia de responsabilidad administrativa funcional y, de esa manera, restituye en la práctica la potestad sancionadora (que fue reconocida constitucionalmente por el Tribunal Constitucional, sin embargo, dejó sin efecto la tipificación de la infracción que debía ser aprobada por ley).
“Saludamos la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso que aprobó, por unanimidad y prioritariamente, el proyecto que restituye la potestad sancionadora de la Contraloría, pero necesitamos que el Pleno del Congreso lo apruebe pronto y lo convierta en ley, poniéndole punto final a este vacío legal que puede resultar en impunidad”, afirmó el Contralor.
Como se recuerda, la sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 26 de abril del 2019, si bien reconoció constitucionalmente las facultades sancionadoras de la Contraloría General, declaró inconstitucional el listado de infracciones (artículo 46 de la Ley N° 27785), impidiendo así que se pueda continuar con los procesos sancionadores en marcha. Como consecuencia de ello, hoy no existe marco legal para resolver los procedimientos administrativos sancionadores en proceso y los que están por ingresar a los órganos instructores y que involucrarían a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos.
Entre los casos emblemáticos que quedarían impunes de mantenerse este vacío se encuentran las sanciones que deberían ser impuestas a los 13 ex funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, comprendidos en la auditoría al Tramo 2 del Metro de Lima, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico de más de US$ 20 millones; así también a los 11 funcionarios de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., de la Municipalidad Provincial del Callao, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 60 millones; entre otros casos emblemáticos más.
Más de 300 funcionarios y servidores librados de sanción administrativa entre mayo y junio
Actualmente, estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional emita una aclaración sobre su sentencia.
Libres de sanción PAS
El Contralor Shack sostuvo que “a la fecha, 341 funcionarios y servidores públicos quedaron libres de sanción, debido a que no existe un marco legal para continuar con los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) ni para que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) resuelva las apelaciones pendientes, situación que dejará una sensación de impunidad en la administración pública”.
En total, son 43 casos (que involucran a 341 funcionarios) que no recibirán sanción PAS porque han caducado. Los casos están relacionados a adquisiciones y contrataciones para hospitales, ejecución de obras de agua potable y saneamiento, construcción de carreteras y vías, entre otros temas relevantes para la población de catorce regiones del país. Los funcionarios y servidores públicos que quedaron libres de sanción pertenecen a Lima, Cajamarca, Junín, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Lambayeque y San Martín.
Solo las apelaciones que se encontraban en el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa (TSRA) y quedaron libres de sanción involucra a 77 funcionarios, algunos de los cuales ocasionaron un perjuicio económico mayor a los S/ 7.8 millones al Estado (al 8 de junio 2019).
Casos próximos a caducar
Cuando termine el mes de junio, vencerá el plazo para que el TSRA se pronuncie sobre apelaciones presentadas por otros 33 funcionarios y ex funcionarios del gobierno central, regional y local de cinco regiones del país, algunos de los cuales estarían involucrados en casos que dejaron más de S/ 20 millones de pérdidas al Estado.
Por tanto “restituir la potestad sancionadora en el más breve plazo será evidencia de la lucha contra la corrupción y negligencia en la administración pública”, sentenció.
Solicitudes presentadas
Los vacíos legales que ha dejado la sentencia del Tribunal Constitucional, también ha ocasionado que más de 200 funcionarios y servidores públicos que tienen procedimientos administrativos soliciten que sus casos sean archivados o anulados.
Es importante precisar que al 31 de abril de 2019, existen más de 2,137 funcionarios y servidores públicos suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, los cuales deben cumplir su sanción, en tanto, el fallo del TC no es retroactivo y las sanciones vigentes deben cumplirse.
Otras iniciativas legislativas de la CGR
En otro momento, el Contralor General consideró que también debería priorizarse el debate del Proyecto de Ley N° 3574-2018 que propone expandir el modelo de control concurrente a todo proceso de contratación de bienes, servicios u obras, bajo cualquier modalidad que supere los S/ 100 millones.
Recordó que esta iniciativa legislativa se encuentra pendiente de debate en el Pleno del Congreso desde hace seis meses. “Esperamos que el Presidente del Congreso honre su palabra y haga lo posible por cumplir con su compromiso de impulsar la aprobación de este proyecto de ley para que pueda ser agendado y aprobado lo antes posible en un Pleno Extraordinario; eso hará posible ampliar el modelo de control concurrente para todas las obras, y fortalecer la capacidad de actuación de la Contraloría en la lucha contra la corrupción”, señaló Shack.
Asimismo, señaló que está pendiente de debate y aprobación el Proyecto de Ley N° 3995-2018 que tiene como objetivo crear un régimen excepcional que permita a las entidades reactivar las obras que se encuentran paralizadas, con lo cual se culminarían 867 obras públicas que representan más de S/ 16 mil millones.
La aprobación de estas tres iniciativas legislativas impulsadas por la Contraloría General está orientada a contribuir a mejorar las intervenciones públicas en beneficio de la ciudadanía y reducir la sensación de impunidad que existe en la actualidad.
