ERP. El interés del Congreso de la República de aplicar sanciones a los miembros del Tribunal Constitucional llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual dispone que esta Entidad proceda a archivar el procedimiento que se sigue en la la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento quien recomendó inhabilitar por diez años a magistrados.
"Para garantizar el derecho de las víctimas del caso Durand y Ugarte a obtener acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial, archive el procedimiento de acusación constitucional", se lee en la resolución publicada esta tarde por el referido tribunal y que puede ser leída en todo su contenido haciendo click en esta parte.
La decisión de la Corte IDH se tomó por cinco votos a favor y dos en contra, que fueron de los jueces Eduardo Vio Grossi y Humberto Antonio Sierra Porto. Esa misma votación se repitió en el segundo punto que ordena "requerir al Estado que presente, a más tardar el 15 de abril de 2018, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el punto resolutivo 1".
Como hemos dicho, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento aprobó un informe en el que se recomienda inhabilitar por diez años a Espinosa-Saldaña y suspender por un mes a los magistrados Miranda, Ledesma y Ramos. La decisión fue considerada una reiteración al estilo prepotente y abusivo del fujimorismo de la décanda del 90.
Las sanciones son por supuestamente haber cambiado el sentido del voto de otro magistrado en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, lo cual le devolvió la condición de lesa humanidad a los presuntos delitos cometidos en el extinto penal durante el primer gobierno de Alan García. Fueron justamente los integrantes del partido aprista peruano, quienes impulsaron esta denuncia constitucional que por decisión de la CIDH debe ser archivada.
