ERP. En Ancash las denuncias contra la OEI son múltiples; sin embargo, en Piura el presidente regional agiliza sus acciones para una licitación con dicho organismo; en Tumbes, los periodistas denuncian hechos de corrupción cometidos por el presidente regional de esa región y éste los amenaza. Casos como los mencionados, han llevado a la preocupación de congresistas para pedir, entre otras cosas mecanismos de fiscalización efectivos y no a la reelección inmediata de los presidentes.
Es necesario aplicar nuevos y mejores mecanismos de disuasión para impedir que los presidentes de los gobiernos regionales cometan irregularidades o incurran en excesos en el cumplimento de sus funciones, estimó el presidente de la comisión parlamentaria que investiga al gobierno regional de Áncash Mesías Guevara (AP-FA).
"Los controles no han trabajado de manera adecuada y hay que hacer una autocrítica", indicó en declaraciones a la Agencia Andina.
Es por ello que en los últimos tiempos, además de las denuncias provenientes de Áncash, se han registrado en varios puntos del país otras similares que implican directamente a las máximas autoridades de los gobiernos regionales, añadió.
El parlamentario mencionó en ese contexto los casos de jurisdicciones como Tumbes, Amazonas y el Callao.
"Es un tema en el que todas las instituciones del Estado debemos poner atención para evitar que esta situación vaya repitiéndose en una escalada nacional", advirtió.
Recordó que en Tumbes hay múltiples denuncias, incluso de acciones delictivas perpetradas en contra de determinadas personas, mientras que en Amazonas, el año pasado, el vicepresidente regional Augusto Wong fue asesinado.
De igual modo, el actual presidente regional del Callao ha sido implicado en irregularidades correspondientes a su época como alcalde de esa provincia constitucional, indicó Guevara.
"Y el Congreso solo tiene capacidad de investigar, pero no de enjuiciar y castigar", indicó.
Por esa situación, dijo, es que se dan casos como el del presidente regional tumbecino Gerardo Viñas, quien esta semana se negó a asistir a la citación cursada por la Comisión de Fiscalización para que declare sobre el caso de las irregularidades denunciadas en la circunscripción a su cargo.
"Sancionar le corresponde solo a la Fiscalía, al Poder Judicial y la Contraloría General, y por eso se requieren mecanismos mayores de disuasión", recalcó.
