ERP. La nueva ley electoral peruana permitirá que miles de ciudadanos voten digitalmente usando tecnología blockchain. Esta innovación busca asegurar elecciones más transparentes, seguras y auditables a la par que se mantiene la tradicionalidad en la forma y modo de la expresión ciudadana. .
Perú se prepara para dar un paso histórico en su sistema electoral. Con la aprobación de la Ley N.º 32270 en marzo de 2025, el país se convierte en pionero en América Latina al implementar el voto digital respaldado por tecnología blockchain, utilizada ampliamente en la gestión y compra de criptoactivos en todo el mundo.
El interés por las criptomonedas y la tecnología blockchain ha experimentado un notable auge en Perú. De acuerdo con un informe de Sherlock Communications, el 17% de los ciudadanos ya invierte en criptoactivos, mientras que un 41% opina que deberían ser reconocidos como moneda de curso legal.
Actualmente, más de 1,3 millones de peruanos poseen algún tipo de criptomoneda, y el país ya cuenta con cajeros automáticos habilitados para convertir estos activos en soles o dólares.
Esta iniciativa, que debutará oficialmente en las Elecciones Generales de 2026, comenzará aplicándose a ciudadanos peruanos en el extranjero, así como a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas fuera de sus lugares de residencia.
Una revolución electoral basada en tecnología descentralizada
El uso de blockchain representa una transformación significativa en la forma en que se llevan a cabo los comicios.
A diferencia de los sistemas tradicionales, esta tecnología permite registrar cada voto en una red distribuida e inalterable, garantizando su trazabilidad y reduciendo las posibilidades de manipulación.
Según expertos como Panana, uno de los principales impulsores de esta medida, el sistema permitirá que cada sufragio quede almacenado en múltiples nodos simultáneamente.
Esto no solo dificulta posibles fraudes, sino que también habilita auditorías independientes sin comprometer la privacidad de los votantes.
De hecho, cualquier modificación requeriría el consenso de toda la red, haciendo prácticamente imposible cualquier intento de alteración sin ser detectado.
¿Quiénes votarán digitalmente y cómo funcionará el sistema?
La Solución Tecnológica del Voto Digital (STVD) será la plataforma que canalizará el nuevo proceso electoral. En 2026, su uso será obligatorio para personal militar y policial en misión, y opcional para peruanos residentes en el extranjero, además de otros grupos que la ONPE definirá próximamente.
Para acceder al sistema, los votantes deberán contar con un Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) con certificados digitales válidos y un dispositivo compatible con tecnología NFC. El proceso de registro se realizará a través de una plataforma oficial de la ONPE, y se incluirán múltiples capas de seguridad para proteger la integridad del voto.
Como parte de las medidas de transparencia, el código fuente de la STVD estará disponible para los partidos políticos desde 60 días antes del proceso electoral. De este modo, se busca reforzar la confianza pública y garantizar que cualquier entidad interesada pueda auditar el sistema.
Más allá de las urnas: otros usos del blockchain
El impacto de esta tecnología va mucho más allá del ámbito electoral. Blockchain ya está transformando sectores clave como las finanzas, la salud y la logística.
Entre sus aplicaciones más destacadas se encuentran los contratos inteligentes, la trazabilidad de productos, la gestión segura de historiales médicos y la digitalización del arte a través de los NFTs.
También ha revolucionado las finanzas globales al permitir pagos internacionales con costos mínimos y mayor velocidad, y está redefiniendo el mercado de los activos mediante la tokenización y las plataformas DeFi.
Perú, al adoptar esta tecnología en sus procesos electorales, no solo busca modernizar sus comicios, sino también enviar un mensaje claro sobre su apertura a la innovación. El desafío ahora será consolidar la confianza de la ciudadanía en esta nueva herramienta y garantizar que su implementación esté a la altura de las expectativas democráticas.
