ERP. Comentarios a favor y en contra, generó la propuesta de construir en Piura un terrapuerto. Un comunicado de Municipalidad explicando las razones y el sustento técnico y legal de la iniciativa privada y uno de respuesta de 4 colegios profesionales. Lo cierto, y así se expuso recientemente en este medio, el Terminal se hace necesario y urgente y no debe perderse el tiempo en discusiones bizantinas y al contrario, perfeccionar lo técnico para obtener un buen servicio público.
La iniciativa significa una inversión aproximada de 60 millones de nuevos soles y la construcción podría demorar unos 2 años. Además, se atenderá a unas 34 empresas que prestan servicio nacional e internacional y unas 30 de servicio interprovincial. El lugar reservado para este fin, se ubica en la manzana J de la Zona Industrial en el sector oeste de la ciudad de Piura, rumbo a la ciudad de Sullana. Ya existe la norma que declara de interés la iniciativa privada.
La empresa que obtenga la concesión se encargará del diseño, construcción y administración del Terminal. De pasar a la acción, en mayo deberían estar listas las bases, para dar paso al acto administrativo que conlleve al contrato. Después de ello, en 18 meses se tendría listo la obra pública que sería municipal después de 32 años, en los cuales la empresa privada deberá recuperar su inversión.
En el caso presente, la iniciativa privada fue presentada por Hidalgo e Hidalgo S.A, una empresa ecuatoriana y Construcción y Administración S.A de Perú. Reunidos varios colegios profesionales, regidores de la oposición, trataron de explicar las razones para no permitir que esta importante obra pública se haga realidad. Una de ellas es el plazo de concesión que serían 32 años y la otra, el porcentaje que recibiría la Municipalidad y que la propuesta es del 8%.
En las peroratas se dice que de darse la concesión se produciría un grave perjuicio a la comunidad. Hoy, el embarque y el desembarque se realiza en pequeños canchones, que causan peligro e incomodidad a los vecinos. La Av. Loreto, Bolognesi, Sullana, en el caso de las empresas que prestan servicio a Lima y en la Sánchez Cerro para otras rutas. A diario, cuando ingresan los vehículos para el desembarque o embarque de pasajeros, es crítico.
La intención de ejecutar el Terminal Terrestre de Piura no es nueva. Ya en el 2012 se hizo la convocatoria sin resultados favorables. Las opciones de hacerlo realidad fueron mínimas y lo máximo que se logró fueron buenas intenciones y ofrecimientos. En tanto, Piura crece y la oferta y demanda para servicio interprovincial no tienen una alternativa viable.
Cuando se presenta una iniciativa de esta naturaleza, existe un procedimiento a seguir hasta la concesión respectiva. Previo debe ser autorizado por el ente colegiado, si se trata de una Municipalidad. El regidor Alberto Chumacero, tomando como fuente a PROINVERSIÓN, organismo estatal que brinda asistencia y asesoría en estos temas, da algunas precisiones, para evitar una percepción de direccionamiento del proceso. Garantías financieras, el porcentaje, y el porcentaje a percibir que considera solo dos rubros. Sin ermbargo, dicha entidad en Piura, no dio mayor información.
Lo cierto, que aún flexibilizando las bases de la convocatoria, se han dado muestras reiteradas de no tener interés en invertir por iniciativa privada, en obras de impacto. Frente a esta oportunidad, la alcaldesa defiende su proyecto por el interés social y de servicios públicos que tiene Piura. Es ella, su mayoría, y su esfuerzo por demostrar que es posible ir más allá de la pequeña pista, logrando sinergias entre todos los actores.
Una ciudad de las características de Piura, se encuentra marcada por la mediocridad de una alcaldesa y la mirada parcializada de directivos. En esta oportunidad, se quiere ir más allá, y como siempre las voces malagüeras pretenden imponerse, para negar la posibilidad de una inversión privada significativa. Si se analiza los beneficios en el tiempo, la concesión debería lograrse, Piura se pondría al nivel de otras ciudades importantes del país.
El dato:
Hasta el momento y transcurrido el plazo legal para hacerlo, además del autor de la iniciativa privada y que son Hidalgo e Hidalgo S.A, una empresa ecuatoriana y Construcción y Administración S.A de Perú, ninguna otra empresa ha mostrado interés en su construcción. Será finalmente el pleno del Concejo Municipal de Piura, el que decida si esta iniciativa privada se hace realidad. De lo contrario, se seguirá en el caos y el desorden urbanístico a la espera de la propuesta "perfecta".
