ERP. Se viven momentos tensos y crispados entre parlamentarios de Fuerza Popular (Fujiomoristas) y el Fiscal de la Nación; entre Fuerza Popular y el Tribunal Constitucional e incluso entre la Comisión Lava Jato del Congreso con el Presidente de la República. En tanto, el caso de Paolo Guerrero se extiende como cortina de humo, dando la impresión que buscan que no haya libertad de pensamiento.
¿Qué es lo que estaría buscando el fujimorismo?. No es posible afirmar porque es una verdad negada; sin embargo, conociendo los antecedes de esta agrupación sería fácil deducirlo. Con los votos que tienen en el Congreso, toda decisión implicaría definir el quehacer, cerrar los ojos, simplemente votar e inclinar los números a su favor, acorde a sus propios intereses y objetivos.
¿Es posible la vacancia presidencial?. El escenario presentado tras la fuga de Alberto Fujimori que conllevó a su vacancia, significó trasladar hacia el Congreso de la República la decisión de elegir nuevo presidente de la República. En aquella oportunidad una decisión democrática e institucional, que permitió encontrar una salida a la crisis política del momento.
¿Es posible la vacancia presidencial?. Una ley que perjudica a las minorías lo permite
Son tres instituciones amenazadas por la actitud díscola de la mayoría fujimorista. El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Presidencia de la República. Razones para cuestionar los actos administrativos y jurisdiccionales existen, como existió cuando Alberto Fujimori decidió dar un golpe de Estado. Existen algunos cambios en la legitimidad; sin embargo, no desde el punto de vista legal. Tienen los votos.
Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el caso del Frontón donde se encontraría comprometido el ex presidente Alan García Pérez; por lo tanto, no solo son los fujimoristas que amedrentan sino se han sumado la horda el minúsculo partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre.
La primera en hablar claro sobre los riesgos de las actitudes del grupo parlamentario de Fuerza Popular, ha sido la magistrada Marianella Ledesma. Ella y otros miembros de esta institución vienen siendo investigados por la Comisión Permanente del Congreso de la República por prevaricato. Se quiere crear un ambiente golpista, indica la magistrada y es probable que haya algo de razón.
Justamente la Comisión Permanente del Congreso, investiga a cuatro integrantes del TC por haber cometido el presunto delito de prevaricato al emitir un nuevo fallo que otorga la condición de lesa humanidad al develamiento del penal de El Frontón, ocurrido en 1986. Los denunciados son: Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos Núñez.
Miembros de Tribunal Constitucional se encuentran amenazados por su fallo sobre el Frontón
No es la primera vez que el fujimorismo crea un clima de crispación política por un hecho vinculado al Tribunal Constitucional. Sucedió cuando el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, en fallo histórico determinó como inaplicable la ley de la re-reelección del entonces presidente Alberto Fujimori. Llevó a la defenestración de quienes votaron en su contra, pero creó una crisis política que perjudicó mucho más al reelecionista que a los magistrados. El tiempo, la historia y la democracia les devolvió lo conculcado.
La magistrada del TC Marianella Ledesma en declaraciones a los medios de prensa ha expresado, "Si yo busco descabezar, descontrolar a las instituciones que garantizan los derechos fundamentales y el orden constitucional, de hecho, que podría sostener que estamos trabajando un escenario golpista para legitimar situaciones que a futuro se podrían dar”. Respecto a tal información, vale hacerse la pregunta ¿Es posible?.
Si tomamos en consideración la frustración de las últimas elecciones, las heridas abiertas por ese fracaso, los antecedentes autoritarios de la organización Fuerza Popular y tener una amplísima mayoría, obtenida no por los votos, sino por la exclusión de las minorías; se podría decir, que el escenario es totalmente posible y no solo eso, puede ser hasta ejecutable.
Ministerio Público
Con la belicosidad propia del partido que dejó, con su voz aguda y con el empoderamiento de su nueva agrupación Fuerza Popular, el congresista Daniel Salaverry, formuló una denuncia Constitucional contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde por “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”.
Salaverry fue mucho más allá en su pedido y envió un documento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para que solicite la destitución e inhabilitación del jefe del Ministerio Público. Evidentemente, la actitud evidencia sin cortapisas que existen razones para creer que todo pueden soportar menos que se investigue a Keiko Fujimori, a Joaquín Ramírez y otros que se encuentran con problemas penales.
Investigar a Keiko Fujimori y Alan García estaría afectando a Fiscal de la Nación
Tras una etapa abrupta el Ministerio Público encontró un norte con Pablo Sánchez Velarde. Esta Entidad se abocó a conocer e investigar casos mediáticos como el de Oropeza, el de Orellana, ingresó parcialmente hacia los casos de corrupción de Odebrecht, tardó en reaccionar frente al caso de Toledo, actuó con urgencia para encarcelar a Ollanta Humala, pero se coludió y fue tardío para reaccionar con igual actitud frente a Alan García y Keiko Fujimori.
Es decir, si se observa lo que sucede actualmente con el caso Odebrecht, se podría decir que se ha actuado con drasticidad contra unos pocos y con manos tibias contra otros.
En el caso de corrupción promovida por la empresa Odebrecht, el acuerdo con el delator Jorge Barata lo maneja a exclusividad y evidentemente también existen dudas respecto a su actuar con las socias de estas empresas. Las socias peruanas están vinculadas al principal grupo de medios de comunicación del país, y que justamente no son los más condescendientes con el fujimorismo.
Sin embargo, en apariencia lo que interesaría es la eficiencia en la función institucional del Ministerio Público; sin embargo, lo que subyace con esta envalentonada fujimorista es haber tocado a Keiko Fujimori en las investigaciones y pedir se someta la misma a la Ley del Crimen Organizado. Igual investigaciones también se realizan contra Alan García Pérez, por lo tanto, si antes ya eran aliados apristas y fujimoristas, hoy existiría unión de sangre para confrontar con el Ministerio Público.
¿Culpas del Ministerio Público?. Tratar de manera diferente a quien no tiene derecho a ello (Keiko y Alan) y abrir investigación con tardanza (Keiko y Alan). La opinión nacional es simple; se cree que ambos tienen protección y amedrentan cuando se osa investigarlos como es el caso.
Se sabe que esta semana, el fiscal José Domingo Pérez viajará a Brasil para interrogar al exCEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, sobre la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” encontrada en su agenda. Bastaría esperar, sin esta misma medida se extiende hacia las anotaciones de “AG”, aunque una investigación de Gustavo Gorriti, indicaría que es protegido del Fiscal Pena Cabrera.
Frente a las acusaciones de Salaverry, en representación de su bancada; el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ha manifestado que sigue firme en su compromiso de continuar luchando contra la corrupción "caiga quien caiga". De igual manera ha recibido todo el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, aunque esta tensión es de impredecibles consecuencias.
Caso presidencia de la República
En tanto, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional se encuentran compelidos y con la amenaza de la “guillotina” en el Congreso de la República, otro hecho entró a formar parte del triunvirato y se refiere a las exigencias para que el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski para que responda sobre los presuntos actos de corrupción vinculados a Odebrecht en la Interoceánica.
Previamente, la Comisión de Constitución del Congreso resolvió que el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tiene la obligación de comparecer ante una comisión investigadora, ello tras evaluar el pedido de la Comisión Lava Jato. ¿Qué es lo que se busca?.
Evidentemente, Pedro Pablo Kuczynski podría estar comprometido con estos casos cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo y quizá eso lo ha llevado a tener una actitud defensiva. Esta precariedad viene siendo aprovechada por Fuerza Popular, para arrinconarlo y para exigirle que responda a preguntas sobre el caso, lo que indica que las otorgadas mediante carta no son admitidas por la Comisión.
"El presidente de la República sí tiene la obligación de comparecer ante una comisión investigadora del Congreso para prestar su declaración testimonial por hechos ocurridos antes de asumir el cargo; en las condiciones que se precise", puntualiza el informe que fue aprobado este martes por el grupo encabezado por la fujimorista Úrsula Letona.
¿Cuál sería el consecuente?
Vista esta etapa de inestabilidad, es posible que los grupos más recalcitrantes lleguen a la intentona de querer vacar al Presidente de la República, crear una crisis en las vicepresidencias y llevar al campo del Congreso de la República, la posibilidad de elegir al nuevo presidente de la República y adecuar el panorama político a sus intereses.
La hipótesis no es imposible de lograr. Fujimoristas y apristas, tienen los votos para generar inestabilidad y afectar el Estado del Derecho. Tienen los votos, aunque su voto lleve a la arbitrariedad, para sacar al Fiscal de la Nación, hacer lo propio con los miembros del Tribunal Constitucional e igual vacar si lo quisieran al Presidente de la República.
En tanto esta arremetida no amaina, Pedro Pablo Kuczynski prepara indulto de Alberto Fujimori para aquietar los convulsos ánimos de apristas y fujimoristas.
¿Es posible una vacancia presidencial?. Fujimoristas y apristas pueden hacer lo que se les antoja. https://t.co/jLBVdpOWcT pic.twitter.com/z7WeghHqz6
— Andrés Vera Córdova (@andresveracordo) 7 de noviembre de 2017
