ERP. El flamante presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, en una declaración muy entusiasta a RPP pero controversial ha expresado que el principal problema de esta instancia no es la corrupción y precisó que existen hechos aislados que son enfrentados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Indica que “He hecho una afirmación y no voy a dar un paso atrás en lo que yo digo: el problema principal del Poder Judicial no es la corrupción, por tanto el tanto de la moralización. El problema principal del Poder Judicial es la lentitud procesal”.
Evidentemente, muchos de los peruanos quisieran que sean ciertas las declaraciones del nuevo presidente del Poder Judicial; sin embargo, a la luz de los hechos, las dudas son mayores al entusiasmo y la realidad supera con creces las expectativas que puedan tener los magistrados de esta Entidad.
Un magistrado tiene la capacidad discrecional de decidir sobre un determinado hecho administrativo, tributario, civil, penal, laboral, entre otros. Se resuelven situaciones de cuantías significativas y tantas veces sobre la preciada libertad del ser humano. Administrar justicia, siempre será un hecho humano que exige no solo el conocimiento de la Ley, sino fundamentalmente de una actitud ética y moral de quien resuelve.
Para que haya corrupción, tiene que existir un alto interés de parte. Solo bastaría pensar en alguien que se encuentra en peligro de perder su libertad y que no quiere pagar con carcelería el delito cometido. Es común, en estas circunstancias, encontrar a personas predispuestas a entregar dádivas o prebendas para liberarse de la drasticidad de una norma; y personas intermediarias interesadas en abrir esas otras puertas de algún magistrado.
Otro hecho fáctico que incide en una sentencia es la solvencia económica del denunciado o demandado. Generalmente los corruptores tienen dinero para disponer, cuentan con abogados muy bien pagados, peritos de parte contratados con fines malévolos y algunos jueces y fiscales influenciados y díscolos que convierten al inocente en culpable y culpable al inocente. No los son todos, pero casos de esta naturaleza existen diversos.
Si se realizara una encuesta y de hecho las hay, la mayor parte de los peruanos cree que el Poder Judicial es un ente corrupto. No existe confianza en lo que se resuelve este poder del Estado y los hechos se juzgan en función de las características individuales del denunciado o del demandado. No quiere decir, que todo sea así, se entiende que existen magistrados que dan lecciones de ética y de moral, que contribuyen a no desvirtuar la función que corresponde a esta instancia del Estado.
Solo con un poco de inteligencia, podría develarse las conductas aviesas de los magistrados que prefieren seguir el camino sinuoso de la coima, el soborno o el chantaje para torcer una decisión judicial. Llama la atención, que con todos los casos conocidos, no haya una lucha efectiva contra la corrupción judicial y se sigan repitiendo casos que sorprenden al país en general.
Bastaría mirar los signos exteriores de riqueza y el nivel de vida de algunos magistrados, para darse cuenta que algo está funcionando de una manera diferente a lo que expresa el presidente Rodríguez. Lujosas mansiones y construcciones en general, vehículos caros, hijos estudiando en colegios muy onerosos y con vehículo particular a su disposición, serían indicios para descubrir a quienes no están por el camino ético y moral.
En el caso del Poder Judicial no puede haber errores y las sentencias deben garantizar la imparcialidad, la equidad y la justicia de un caso. Es lo que esperan la mayor parte de los peruanos para tener una instancia que administre justicia de acuerdo a Ley.
Las normas muchas veces son claras y solo cabe cumplirlas. La mayor parte de los actos de corrupción de magistrados es por accionar individual y no institucional.
Esperemos que el magistrado Duberlí Rodríguez, vaya un poco más allá a su concepción y no solo logre una mayor rapidez en los procesos judiciales, sino sobre todo, que mejores esos hechos “aislados” como califica a presuntos actos de corrupción que corroen la institucionalidad del Poder Judicial.
