ERP. Una resolución sorprendente que podría tener un trasfondo para la unanimidad decidió la Junta Nacional de Justicia al destituir por 5 votos a Liz Patricia Benavides Vargas y complementariamente hacer lo mismo con la jueza Enma Benavides Vargas, hermana de la exfiscal de la Nación y la fiscal Azucena Inés Solari Escobedo, comprometidas en una trama de arreglos y violación de derechos.
El Lic. Andrés Vera Córdova, tras los últimos acontecimientos realiza un sutil comentario de lo que podría suceder después de la aplicación de la Resolución de destitución en la vía legal; se da por descontado un recurso impugnativo que resuelva la propia Entidad, después una Acción de Amparo que podría llegar al Tribunal Constitucional y no sería increíble que el Congreso intente una medida cautelar para salvar a su “heroína”.
Tan pronto asumió el cargo de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides se dedicó a urdir el quebrantamiento del proceso penal que comprometía a su hermana; cuando candidata dijo que no se entrometería, pero engañó al mismo colegiado que la convirtió en fiscal suprema. Fue tan burda la acción que se sacó del caso a la fiscal Bersabé Revilla, aduciendo baja productividad, cuando era falso.
Aunque el caso de la destitución toma como principal insumo este caso, existen otros actos ejecutados por Patricia Benavides que la desmerecen y la descalifican para un cargo de alta responsabilidad. Por ejemplo, la inexistencia de sus tesis de maestría y doctorado, así como la trama para inhabilitar desde el Congreso a Zoraida Ávalos Rivera y permitir con conciliábulos la elección del Defensor del Pueblo.
En el caso de Enma Benavides, estaría comprometida en la liberación de presos con vinculación con el narcotráfico, testimonios la sindican como la responsable; esta carpeta fiscal estaba a cargo de la fiscal Revilla, quien prefirió retirarse del Ministerio Público, al ser vejada y colocarla de subordinada de un magistrado que antes también investigó.
La situación de Azucena Solaria, se complica después de coludirse con Benavides, para simular informes que ponían en duda la productividad de Revilla; sin embargo, la Junta Nacional de Justicia con un informe bastante bien documentado consiguió testimonios sobre el particular, precisando la realidad tal y como era y no como pretendió hacer creer la entonces Fiscal de la Nación.
El caso de Benavides Vargas, se hizo evidente en su precariedad en sus pronunciamientos públicos, los cuales con una elementalidad supina, indicada no tener las capacidades que la llevaron a calificar como fiscal suprema; sin embargo, el rigor en su postulación corresponde a la Junta Nacional de Justicia.
Por otro lado, Dina Boluarte, presentó una demanda competencial, buscando no ser investigada, aduciendo un artículo de la Constitución Política del Perú, el mismo que fue ampliamente debatido cuando presidente Pedro Castillo Terrones. Será el Tribunal Constitucional, adenda del Congreso, el que resuelva el caso de una mandataria envuelta en su propia telaraña.
