ERP/A.Abad. Se pondrá mano dura contra los invasores, quienes desde mayo se posesionaron de la zona declarada de alto riesgo por Defensa Civil, tras el fallido y fracasado desalojo que ordenara el procurador municipal de Talara el 20 de mayo.
En ese sentido, el alcalde de Talara ha enfatizado que su gestión no avalará a ningún invasor de terrenos, por ello aseguró que vienen coordinando con la Policía Nacional para ejecutar el desalojo de las personas que ocupan desde mayo un terreno ubicado en la Asociación de Vivienda y Producción “Santiago Apóstol”, cerca de donde se construye un centro comercial de la empresa Urbi Propiedades.
“Nosotros no consentimos a los invasores, ellos van a tener que salir. Los ocupantes quieren que los dejemos en el lugar, pero les hemos dicho que se encuentran en una zona de alto riesgo y además el terreno es de propiedad municipal”, sostuvo Bolo Bancayán en una reunión realizada en el despacho de alcaldía con moradores de Santiago Apóstol.
Como se conoce, un grupo de moradores de “Santiago Apóstol” llegaron a la Municipalidad a solicitar que se acelere el desalojo de los invasores. Los vecinos manifestaron que el terreno ocupado está destinado para la construcción de áreas recreativas del sector.
En ese contexto, se informó que la Policía Nacional ha solicitado presentar varios requisitos, entre ellos los planos originales del terreno, para poder apoyar en la recuperación extrajudicial de la propiedad.
PARA TENER EN CUENTA…
Cualquier invasión efectuada desde enero del 2005 es penalizada. El reglamento de la ley 28687 de la Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por Posesiones informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares” señala que sólo se formalizan posesiones informales constituidas sobre terrenos de propiedad estatal hasta el 31 de diciembre del 2004; por tanto, cualquier ocupación posterior a esa fecha no será formalizada.
Quienes propicien invasiones, invadan o hayan invadido terrenos estatales o privados, con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, serán denunciados por la municipalidad provincial, ante las autoridades pertinentes y quedarán permanentemente impedidas de beneficiarse de cualquier programa de vivienda estatal o municipal así como de recibir créditos que otorguen las entidades del Estado.
