ERP/A.Abad. En Talara hay algunos candidatos procesados e investigados. Deberían modificarse algunos artículos de la Constitución a fin de evitar que personas con procesos judiciales pendientes postulen a cargos públicos ya que pueden ser sentenciados y luego inhabilitados. Recientemente, la Asociación Civil Transparencia ha advertido a la población y agrupaciones políticas estar alertas en los próximos comicios municipales y regionales porque a nivel nacional hay 1,400 candidatos que tienen sentencias civiles y penales.
Talareños consultados por El Regional de Piura – Prensa Digital Talara coinciden que los candidatos con procesos fiscales e investigaciones fiscales deben dar un paso al costado, para no correr el riesgo de que la autoridad electa sea sentenciada y tenga que dejar el cargo.
Amadeo Pérez Chinga (Vecino Cono Sur): Es lamentable que en nuestra provincia hayan varios candidatos investigados por la fiscalía. Tratándose de cargos con capacidad de tomar decisiones de gobierno y manejar recursos públicos, sería conveniente discutir y establecer ciertos requisitos, a fin de limitar el acceso de personas con indicios razonables de culpabilidad en la comisión de delitos.
Katherine Sanjinez Morales (Vecina Talara Centro): Si es que hay una acusación fiscal podría establecerse que sea una restricción para postular a un cargo de elección popular; pero antes de eso debe prevalecer la presunción de inocencia. Los electores deben tener en cuenta qué candidatos tienen procesos judiciales antes de definir su voto.
Roberto Farías Ruíz (Abogado): Una alternativa legal podría ser no permitir la postulación de procesados que ya cuentan con denuncia fiscal, un nivel de procesamiento superior a la prisión preventiva. Uno de los artículos que se debe modificar es el de la presunción de inocencia. En Estados Unidos, por ejemplo, la legislación impide postular a cualquier cargo público a quien tenga una acusación en su contra.
Martha Gasco de Peña (Docente): No es posible que hoy en día tengamos autoridades que sean procesadas y sentenciadas por sus actos de corrupción. Las municipalidades y los gobiernos regionales están por convertirse en Palacio de Justicia, esto debido a los procesos que están pendientes y que sentenciarían a las autoridades locales. El Congreso debe tomar decisiones firmes y no timoratas, como por ejemplo no dejar participar a un investigado por delitos penales o sentenciados.
Pedro Lalupú Espinoza (Comerciante): Los candidatos con procesos e investigaciones fiscales deben dar un paso al costado, para no correr el riesgo de que la autoridad electa sea sentenciada y tenga que dejar el cargo. La postulación de procesados penales a cargos públicos es un intento de fraude a la población.
