Pariñas/Talara (ERP). En abril de este año, la Contraloría General de la República, designó a Lino Franck Rojas Wagner para que asuma como auditor en la jefatura de Oficina de Control Institucional (OCI) en la comuna de Talara.
Sin embargo, ante presuntas irregularidades al interior del gobierno de Talara este funcionario no estaría actuando de oficio, coinciden más de un administrado que asistió a la última Audiencia Pública organizada por el Órgano de Control de la Región Piura en esta ciudad.
Por ejemplo, el proceso de selección del Puente sobre Quebrada Yale, obra que administra la MPT por encargo de Provías viene de postergación en postergación, hasta con dictamen del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) pidiendo se retrotraiga porque no se levantan observaciones. Sobre el particular, existiría la presunción de un posible direccionamiento para beneficiar algún postor.
Sucede que en la Municipalidad de Talara las obras y servicios se entregarían a solo escasos contratistas y proveedores, presumiblemente del entorno de los actuales funcionarios e incluso se les premiaría a quienes habrían mal ejecutado algunas obras que vienen siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Sullana.
Este martes, Manuel Lizárraga Maldonado en su condición de presidente de la Junta Vecinal del AH Micaela Bastidas hizo sentir su protesta por la anulación de oficio del proceso de selección para la construcción de un salón de usos múltiples de su sector, presumiblemente -dijo- porque no habría ganado el contratista allegado a la alta dirección del gobierno edil. Agregó que solicitarán la intervención de la Contraloría.
Téngase en cuenta…
Cabe indicr que la Resolución de Contraloría 320-2006-CG aprueba las Normas de Control Interno con fecha 30.10.2006 para el mejor desarrollo del sistema de control interno del cual forma parte la OCI y la administración municipal que deben promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
Asimismo, cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
