El decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la UNP, Wilmer Arévalo Nima, cuestionó los resultados del proceso de formalización minera y pidió mayor intervención del Gobierno central.
ERP. La falta de presupuesto y personal en la Dirección Regional de Energía y Minas limita la capacidad de fiscalización frente a la minería ilegal en Piura, advirtió Wilmer Arévalo Nima, decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura (UNP).
El especialista señaló que estas deficiencias dificultan las intervenciones en las zonas donde se desarrolla esta actividad y sostuvo que es necesario reforzar las capacidades de las autoridades regionales con una mayor participación del Gobierno central.
Cuestionan avances del Reinfo
Arévalo también cuestionó los resultados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que lleva casi una década en funcionamiento sin que una parte importante de los mineros inscritos haya culminado el proceso de formalización.
Según explicó, los procedimientos documentarios pueden prolongarse durante meses o años, mientras que algunos operadores vinculados a la minería ilegal podrían aprovechar este mecanismo para encubrir sus actividades.
El decano, además, expresó su preocupación por el origen y uso de explosivos en estas operaciones, debido a los riesgos que representan para la seguridad ciudadana.
Piden fortalecer la fiscalización minera
El representante de la UNP indicó que organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) cumplen funciones de supervisión dentro de sus respectivas competencias.
Sin embargo, consideró que combatir las operaciones mineras ilegales requiere una estrategia más amplia, con participación directa del Gobierno central y una mejor coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales.
Asimismo, remarcó que la falta de recursos humanos y económicos reduce la capacidad de respuesta de las entidades regionales ante esta problemática.
Formalización permitiría generar recursos para la región
Arévalo sostuvo que avanzar en la formalización de las actividades extractivas permitiría mejorar la recaudación de regalías y otros aportes al Estado, además de favorecer la transferencia de recursos a las regiones mediante mecanismos como el canon minero.
Estos ingresos pueden contribuir al financiamiento de obras, proyectos y servicios públicos en las zonas donde se desarrollan actividades extractivas.
Finalmente, planteó la instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno central y las autoridades regionales y locales para definir acciones contra la minería ilegal y evaluar mecanismos que permitan avanzar en la formalización minera en Piura.
Diario El Regional de Piura
