La Fiscalía también obtuvo restricciones para otros investigados. Según la tesis fiscal, la presunta red operaba desde 2024 en varias regiones del país y exigía pagos de hasta S/ 20 000 bajo amenazas.
ERP. El Segundo Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de Piura obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Evelyn Alcedo (48), Evelyn Cueva (22) y Jhayr Rivas (22), investigados como presuntos coautores del delito de extorsión agravada.
Durante la misma audiencia, el juzgado dispuso comparecencia con restricciones para Tatiana Castillo (21), además del pago de una caución económica de S/ 20 000. En tanto, Douglas Campodónico (59), otro de los intervenidos durante los operativos del pasado 15 de septiembre, continuará siendo investigado en libertad.
Asimismo, contra los internos José L. Neciosup C. y Edson A. Chanta R. se ordenó comparecencia con restricciones, entre ellas la prohibición de comunicarse con testigos y coprocesados. También se dispuso su reasignación a pabellones de mayor seguridad, con el objetivo de limitar sus contactos dentro del establecimiento penitenciario y prevenir la continuidad de las presuntas actividades delictivas.
Presunta red operaba en varias regiones
El Ministerio Público sustentó su requerimiento con elementos de convicción que, según la investigación fiscal, vincularían a los imputados con una presunta estructura dedicada a la extorsión agravada.
Las diligencias comprenden desde el abastecimiento de chips telefónicos informales y la realización de llamadas intimidatorias hasta el cobro de cupos mediante transferencias digitales, conocidas como «yaperos».
De acuerdo con la tesis fiscal, la organización habría operado desde mediados de 2024 en diferentes localidades de Piura, entre ellas Castilla, Sullana y Paita, así como en Chiclayo, Moyobamba, Ate, Ica y Santa.
La Fiscalía sostiene que los presuntos cabecillas, los internos Neciosup y Maza, coordinaban las extorsiones utilizando teléfonos celulares clandestinos desde prisión. Las exigencias económicas habrían alcanzado hasta S/ 20 000 o cuotas mensuales, acompañadas de amenazas de detonar granadas o incendiar vehículos.
Investigaciones continúan
Las medidas judiciales buscan asegurar la presencia de los investigados durante las diligencias pendientes y el desarrollo del proceso. El Ministerio Público continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Los involucrados mantienen su condición de investigados y su presunta responsabilidad deberá establecerse conforme al proceso judicial.
Diario El Regional de Piura
