ERP. Se detectaron presunta responsabilidad en 422 funcionarios y servidores públicos. Al cierre del año 2019, la Contraloría General de la República identificó S/ 46 millones 717 mil 503 soles de perjuicio económico al Estado en la región Piura, como resultado de los servicios de control posterior que revelaron hechos de inconducta funcional y uso inadecuado de los recursos del Estado por parte de algunos funcionarios y servidores públicos.
Este resultado de perjuicio económico fue producto de los informes de control posterior elaborado por la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control (SNC), de los cuales S/ 37 millones 344 mil 390 corresponden a las 36 auditorías de cumplimiento realizadas el año pasado, mientras que S/ 9 millones 373 mil 112 fueron detectados en los 19 servicios de control específico efectuados en la región.
Hasta el 2019, los servicios de control posterior realizados en la región Piura permitieron detectar a un total de 422 personas con presunta responsabilidad administrativa, penal y/o civil.
En la región se identificaron a 239 involucrados con presunta responsabilidad administrativa, así como a otros 167 con administrativa PAS. También se detectaron a 62 personas con presunta responsabilidad civil y 204 con responsabilidad penal.
La labor de la Contraloría en la región Piura durante el 2019 también se vio reflejada en los 661 informes de control simultáneo, así como en un informe de control previo, los cuales buscan detectar, alertar y subsanar hechos que pongan el riesgo el correcto uso de los recursos públicos, lo que es uno de los pilares de la actual gestión que encabeza el contralor general Nelson Shack.
Datos:
- A nivel nacional se emitieron 2,285 servicios de control posterior, 850 auditorías de cumplimiento y 557 servicios de control específico durante el 2019.
- Producto de los informes de control se determinó un perjuicio de S/ 921 millones, de los cuales, S/ 793 millones fueron producto de auditorías de cumplimiento y S/ 128 millones por servicios de control específico.
- Los informes de control posterior permitieron encontrar a 8,081 personas con presunta responsabilidad administrativa, penal y civil.
