ERP. La procuradora pública regional, abogada Rosa Chinchay Labrín, informó ante el pleno del Consejo Regional que los procesos de reintegros de la asignación de 30 por ciento por preparación de clases, o deuda social, tanto para docentes activos como cesantes están en aumento desde hace años, tan es así que a mediados del presente año ya se cuenta con el total de demandas obtenidas el 2018.
Durante la exposición sobre su memoria de gestión 2018, ante los consejeros regionales del Gobierno Regional Piura, en la que abordó diversos temas, la funcionaria explicó que las demandas son cada vez mayores y provienen de toda la región, a veces rebasan la capacidad de su representada, y es un tema inicialmente administrativo reconocido por un decreto regional.
También se considera en esto en algunos casos el 5 por ciento adicional de preparación de documentos de gestión a los docentes, directores, personal jerárquico y docentes de institutos superiores.
Explicó que los docentes han recurrido a la vía judicial, en su mayoría no para reconocimiento del derecho que les asiste, porque este ya se tiene administrativamente, sino para la liquidación. Indicó que desde enero de este año su entidad dejó constancia al Consejo Regional que las demandas de primera instancia no serán apeladas por la Procuraduría Pública Regional, porque ello carece de objeto.
Docentes que solicitan pago de deuda social se incrementan en el 2019
Agregó que la Corte Suprema también se ha pronunciado en estos casos, y ha definido que el 30 por ciento cabe tanto a los docentes activos como cesantes, sobre todo de la Ley 20530 cuyas pensiones son abonadas por las mismas dependencias de educación.
Explicó asimismo que actualmente se han establecido dos presupuestos paralelos, uno de tres millones 600 mil soles para el pago del 20 por ciento a los docentes, y otro de 23 millones para las demás deudas de las otras dependencias públicas.
30% para sector salud
La funcionaria reveló que se cuenta además con procesos de demanda del 30 por ciento de la asignación por zona rural o urbano marginal, para trabajadores de salud, Ley 25303. Ellos, al igual que en el sector educación, piden se les reajuste la asignación que ya perciben por dicho concepto. Sobre esto, dijo, el Poder Judicial ordena se les calcule sobre la remuneración total. Y en el caso de los trabajadores de salud que no perciben la asignación, el órgano judicial no les declara fundado el derecho.
Indicó que aquí se tiene una nueva brecha que atender en salud, no obstante que se consideraba un tema concluido porque con recursos del MEF se efectivizaron los pagos. Pero luego surgieron los intereses de los devengados, que fueron desatendidos por el MEF al desactivarse el fondo habilitado.
Procesos
La procuradora también refirió el incremento, durante el 2108, de los procesos contencioso administrativos de nulidad de procesos administrativos disciplinarios. Esto es, los servidores sancionados recurren a la vía judicial para lograr la nulidad del proceso y la sanción que se decide actualmente ante el Tribunal de Servir.
Dato
- En la ocasión también expusieron sobre su labor los procuradores ad hoc en lo laboral, procesos penales y procesos arbitrales, José Antonio Alvarez Lara, Manuel Jesús Graciano Ponte y Segundo Carlos Valdez Rojas, todos los cuales atendieron las diversas inquietudes de los consejeros regionales.
