Podrían originar perjuicio económico por casi S/. 2 millones
Estarían involucrados nueve funcionarios y servidores
ERP. La Contraloría General detectó responsabilidades de tipo penal y civil en funcionarios del Gobierno Regional de Piura que habrían cometido irregularidades en la contratación de maquinarias y servicios a Chulucanas. De esta manera, se desvirtúan las declaraciones que diera recientemente el presidente regional Javier Atkins, quien precisó en su audiencia que el organismo de control no encontró irregularidades en esta obra.
Tales irregularidades podrían originar un perjuicio económico de casi S/. 2 millones.
La auditoría a la gestión regional en el periodo 2011 a diciembre de 2013, halló evidencias de actuación irregular por parte de los funcionarios que integraron el Comité Especial encargado de seleccionar a la empresa que dotaría de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra.
El mencionado Comité otorgó la buena pro de manera irregular a un postor que no cumplía con la experiencia exigida en los requerimientos técnicos mínimos. Esta contratista vendría incurriendo en penalidad por más S/. 659 mil por el retraso en la entrega de maquinaria.
Los funcionarios integrantes del comité también modificaron de manera irregular los términos de referencia para el pago de horas mínimas de trabajo diario de maquinaria, lo que ha permitido al contratista iniciar un proceso de conciliación en la que pretende cobrar al Gobierno Regional S/. 1 millón 84 mil hasta de junio de 2013, que de resultar contraria a la entidad, generaría un perjuicio económico.
Los hechos descritos evidencian la existencia de indicios razonables del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Se ha solicitado a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura incluir los hechos materia de informe en la investigación que sobre la obra 2013. La mencionada Fiscalía aperturó Investigación Preliminar, disponiendo la realización de diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
Vigilancia y combustible
De otro lado, la Contraloría también halló evidencias de responsabilidad civil en la contratación del servicio de seguridad y el suministro de combustible.
La empresa prestadora del servicio de vigilancia presentó personal no calificado, sin acreditación de Discamec. Esto significa una penalidad máxima de S/.21 mil 726 que no ha sido cobrada por la entidad regional.
También se halló una inadecuada gestión en el proceso de suministro de combustible para la obra, que originó un faltante de 15,562.60 galones por un valor de S/. 185 mil 832, en perjuicio de la entidad. Los servidores responsables no implementaron adecuadamente los controles de entradas y salidas (control de stocks) del combustible entregado en obra y las posteriores rendiciones de su uso, lo que no permitió poner en evidencia los faltantes de combustible en su debido momento.
En este punto se advirtió presunta responsabilidad civil; por lo que la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura, interpuso la demanda de indemnización por daños y perjuicios, ante el Juzgado de Paz Letrado de Piura, por el importe de S/. 185 832,76.
En los tres casos materia de indagación de la Contraloría figuran involucrados nueve funcionarios y servidores.
El dato
La Contraloría General ha dispuesto la realización de un examen especial a la ejecución de la obra Carretera Km. 21-Tambogrande para verificar la calidad de los trabajos desarrollados por el Gobierno Regional de Piura.
La última semana de junio se realizó una inspección preliminar a fin de determinar las próximas pruebas de calidad y de análisis necesarios para verificar la resistencia, lavado asfáltico y material de canteras utilizado en la construcción de la vía.
