ERP. Por delito contra la administración pública. A cuatro años de prisión efectiva fue sentenciado el alcalde del distrito de San Jacinto, José Luis Cornejo Feijoo, quien hallado culpable del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión tras la investigación efectuada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, informó el Ministerio Público.
Además, Cornejo Feijoo deberá pagar una reparación civil de 100 mil soles. Junto a él también fue sentenciado el jefe de Desarrollo Urbano de esta comuna, César Alberto Dios Castillo. En tanto la contratista Flor Cornejo Canales, representante de la empresa Cobert Contratistas Generales SAC, recibió una sentencia de 4 años suspendida y el pago de una reparación civil de 100 mil soles por su calidad de cómplice.
Según las investigaciones realizadas por el segundo despacho de esta fiscalía especializada, a cargo de la fiscal Ericka Solís Castro, el delito fue cometido durante la ejecución de la obra denominada “Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable en las localidades de San Jacinto, Plateros, Santa Rosa, La Peña y Pechichal del distrito de San Jacinto”, por un costo de S/ 7´969.122.60 soles, y un periodo de ejecución de 210 días calendarios.
La comuna, representada por Cornejo Feijoo, realizó la conciliación Nº 32/2010-CECOEXCON, en la que accede a la ampliación de plazo para la culminación de la obra, la misma que no debió realizarse debido a que no se cumplía con los requisitos establecidos por la norma.
Juez dispone que sentencia aún no se haga efectiva
Cabe precisar que esta mañana se realizó el adelanto de fallo a cargo juez Ricardo Luís Reátegui Herrera, que despacha el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes. El magistrado consideró que aún no se haga efectiva la sentencia hasta que este consentida.
Fiscalía apela sentencia
En tanto, la fiscal Ericka Solís, coordinadora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, anunció que apelará la sentencia y el monto del pago por reparación civil, ya que considera que, al existir un perjuicio patrimonial en agravio del Estado, ambas deberían ser más elevadas.
