ERP. La Defensoría del Pueblo invoca con carácter de urgencia al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, entes responsables del proceso de transferencia del Sistema de Reinserción Social del adolescente en conflicto con la Ley Penal, adopten las medidas céleres y necesarias para culminar el referido proceso y proceder con la declaratoria de emergencia.
La demora en la transferencia de los Centros Juveniles, en opinión de la Defensoría del Pueblo, conlleva a una inestabilidad tanto para la población adolescente internada, como para el personal que labora en dichas instalaciones.
En lo que va del 2018 se han reportado hasta 5 motines, 4 fugas, 5 adolescentes fallecidos y cuantiosos daños materiales, hechos que evidencian los problemas que presentan dichos recintos en seguridad, infraestructura (muros de contención defectuosos) y personal.
El 20 de agosto se produjo un motín en el Centro Juvenil de Lima y el 11 de setiembre otro en el Centro Juvenil de Chiclayo de donde fugaron 4 adolescentes, situación que debe alertar a las entidades, parte del sistema, a adoptar medidas urgentes para restablecer la seguridad, orden y tranquilidad en los centros y la colectividad en su conjunto.
Según informó el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, este problema se repite en todos los Centros Juveniles del país, razón por la cual no se consideran los escenarios apropiados para la rehabilitación y resocialización de los adolescentes.
Ante lo vertido, la Defensoría del Pueblo invoca al Poder Judicial que, como ente rector actual de los Centros Juveniles, adopte las medidas urgentes dirigidas a intensificar la seguridad en los referidos locales y disponer las acciones pertinentes para fortalecer el desarrollo y aplicación de los programas de tratamiento para lograr una resocialización sólida en el adolescente, sin perjuicio de agilizar el proceso de transferencia al Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, según lo dispuesto.
