ERP. Realiza declaraciones amedrentadoras, se conecta a procesos penales de manera virtual, pretendiendo decirles a jueces que juzgan casos emblemáticos de afectación contra los derechos humanos, que él está allí y que no deben aplicar control difuso y menos control de convencionalidad. Fernando Rospigliosi Capurro, actual presidente del Congreso, quiere ser draconiano en el próximo gobierno.
Rospigliosi, un personaje que ha muutado su discurso, ahora es un defensoor a ultranza de militares y policías, procesados por delitos contra los derechos humanos y mediante sus acciones pretende asustar a jueces que inaplican normas aprobadas por este Congreso.
Durante su pronunciamiento ante los medios de comunicación, desde el Hall de los Pasos Perdidos, el titular del Poder Legislativo señaló que viene defendiendo de manera sostenida las normas aprobadas por el Congreso, en particular la Ley 32107, referida a delitos de lesa humanidad, la cual, remarcó, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional (TC).
Declaraciones de Fernando Rospigliosi
En esa línea, manifestó su preocupación por recientes sentencias de jueces que no están aplicando adecuadamente la citada norma.
Rospigliosi Capurro hizo referencia específica a la sentencia emitida contra el coronel EP (r) Roberto Villar Chamorro, por un hecho ocurrido en 1994, así como al rechazo de los recursos planteados por la defensa del coronel EP (r) Alejandro Avendaño y otros acusados en el denominado caso Cayara, en Ayacucho, relacionado con sucesos de 1988.
Asimismo, mencionó resoluciones vinculadas al caso El Frontón y la citación fiscal dirigida al general EP (r) Wilfredo Mori Orzo, de 90 años de edad, por hechos ocurridos en 1984.
“No puede ser que desacaten flagrantemente las leyes del Congreso. Leyes que incluso han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional”, remarcó.
Rospigliosi Capurro añadió que resulta indispensable garantizar el respeto a la legislación vigente y a la institucionalidad democrática. En ese sentido, enfatizó que la división de poderes constituye un principio esencial de la República, precisando que corresponde al Congreso aprobar las leyes, al Poder Ejecutivo promulgarlas y al Poder Judicial aplicarlas dentro del marco constitucional.
Finalmente, reiteró su llamado a fortalecer el equilibrio institucional y a asegurar que las decisiones de los distintos poderes del Estado se desarrollen con apego a la Constitución y las normas vigentes, en resguardo de la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.
