ERP. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó su rechazo al dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento (CCR) del Congreso de la República, el cual modifica el artículo 99 de la Constitución Política para que las autoridades del sistema electoral sean sometidas al procedimiento de acusación constitucional.
Desde el Programa "Conversando" del Diario El Regional dimos cuenta de la nueva arremetida del Congreso de la República, que busca modificar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú y considerar en dicho artículo a los titulares del sistema electoral, es decir a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jefe del Reniec. El proyecto ya fue aprobado en la comisión de Constitución.
El JNE, reafirmó su posición expresada en un pronunciamiento del Pleno de este organismo electoral que emitió horas antes de la sesión congresal, en el cual consideró inviables los proyectos de ley debatidos ayer en la CCR por ser contrarios a los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo a los principios de equilibrio de poderes, independencia e imparcialidad.
Así, indicó que el dictamen aprobado permite que un órgano de naturaleza y composición eminentemente política como el Parlamento, tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos electorales como el JNE, el cual resuelve procedimientos y controversias jurídicas en la que las organizaciones políticas representadas en el Parlamento, a través de bancadas, tienen la condición de parte.
De ese modo, advirtió se corre el riesgo de otorgarle al Legislativo el poder de sancionar a los organismos electorales, dándole la potestad de pretender encontrar en sus decisiones infracciones a la Constitución, sin que se encuentre definido cuáles son estas infracciones, y decidir sobre la base de una valoración política y no jurídica.
Enfatizó que, teniendo en cuenta que la actuación del Pleno del JNE es eminentemente jurisdiccional, es necesario garantizar su independencia e imparcialidad, ya que su afectación no solo repercute en la justicia electoral, sino en el ejercicio efectivo de la democracia representativa.
Aclaró, sin embargo, que esta posición en modo alguno implica que se promueva la impunidad o ausencia de control alguno de la actuación del JNE, puesto que sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional, y que existen mecanismos para nombrar, evaluar y destituir a quienes ejercen la judicatura, mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales.
En ese contexto, el Pleno del JNE solicitó a los miembros del Congreso reflexionar y tomar en cuenta estos argumentos cuando corresponda debatir el citado dictamen en el Pleno de este poder del Estado.
