ERP. Como resultado del Operativo de Control “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022”, la Contraloría General evidenció en 696 municipios provinciales y distritales del país, diversos riesgos relacionados a los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos; disponibilidad de los recursos públicos, personal de limpieza, gestión de puntos críticos, así como en su función de supervisión y fiscalización.
Las situaciones identificadas podrían afectar la salud de la población y del personal de limpieza; la calidad ambiental y del servicio mencionado, así como su financiamiento y sostenibilidad en el presente año.
Entre los resultados más relevantes del Informe Consolidado N° 3583-2022-CG/AGR-SOP figuran la falta de acciones en el manejo de la disposición final de los residuos sólidos, así como en la implementación de medidas para asegurar la salud y seguridad del personal del servicio de limpieza pública.
Además, se evidenció que más de la mitad de los municipios visitados presentan puntos críticos por acumulación de basura en sus jurisdicciones y niveles de morosidad en el pago de arbitrios que pondrían en riesgo la sostenibilidad del servicio de limpieza. Asimismo, 35 municipalidades del país no están tomando medidas para implementar la Ley 31254 (que prohíbe la tercerización de los servicios de limpieza pública), desde julio próximo.
En el operativo se realizaron visitas de control a una muestra representativa de 696 municipalidades de todo el país, de las cuales el 73% (511) son distritales y 27% (185) provinciales. Dicha muestra representa el 91% de un total de 764 municipios que tienen más de 500 viviendas urbanas. En el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se cubrió el 100% de sus distritos.
El operativo, que se desarrolló del 14 de marzo al 8 de abril último, formó parte de la estrategia de la Contraloría orientada a impulsar el control preventivo enfocado a los servicios al ciudadano, con el objetivo de alertar y comunicar a los alcaldes la existencia de riesgos y oportunidades de mejora en el cumplimiento de la prestación del servicio de limpieza pública para la adopción de medidas correctivas que permitan superar las deficiencias identificadas en materia de salud, calidad ambiental, disposición de residuos sólidos y otros.
Para el despliegue de esta intervención en las 25 regiones del país, se contó con la participación de 490 auditores y la colaboración de 104 Monitores Ciudadanos de Control.
Resultados nacionales
Como resultado de las visitas de control a 696 municipalidades a nivel nacional, se identificaron 12 hechos adversos, siendo los más resaltantes:
En disposición final de residuos sólidos
El 76% (529) de las municipalidades visitadas no cuenta con relleno sanitario y disponen sus residuos sólidos en áreas degradadas (botaderos). De esos 529 gobiernos locales, el 42.3% (224) no viene implementando acciones operativas mínimas para la disposición final, afectando la salud de la población y la calidad ambiental.
Seguridad y salud en el trabajo
El 71% (494) de los municipios no ha verificado si el personal del servicio de limpieza pública cumple con los exámenes médicos ocupacionales (sobre tuberculosis, VIH, hepatitis, entre otros); el 55% (383) reporta que dicho personal no tiene vacuna antitetánica, mientras que 63.9% (445) de las municipalidades informó que no cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el referido personal. Adicionalmente, el 12.8% (89) de los gobiernos locales tiene personal del servicio de limpieza pública que no cuenta con la dosis completa contra la COVID-19.
La situación descrita expone altamente al personal de limpieza pública a situaciones de riesgo frente a contagios de enfermedades y ocurrencia de accidentes laborales no cubiertos por falta de seguros.
Gestión de puntos críticos (acumulación de basura)
El 68% (473) de las municipalidades visitadas presenta puntos críticos (acumulación de basura en vías, espacios y áreas públicas) en sus jurisdicciones. De ese grupo, 183 no vienen ejecutando medidas para erradicarlos, ocasionando la aparición de focos infecciosos por la descomposición de los residuos sólidos orgánicos y proliferación de roedores e insectos, afectando la salud de la población expuesta.
Gestión de arbitrios de limpieza pública
El 58% (404) de los municipios registran un porcentaje promedio mayor o igual a 40% de morosidad en el pago de arbitrios durante el año 2021, limitando la recaudación de recursos; mientras que el 57.9% (403) de los municipios no cuenta con una Ordenanza Municipal de aprobación de arbitrios para el año 2022. Ambas situaciones podrían afectar el financiamiento, la sostenibilidad y la calidad del servicio de limpieza pública.
Además, de las 53 municipalidades que cuentan con contratos vigentes con una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, el 66% (35) no ha ejecutado acciones para implementar la Ley 31254 (que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública), lo que pone en riesgo la prestación del servicio de manera continua, regular, permanente y obligatoria a partir del 8 de julio de 2022. Cabe precisar que, desde esa fecha, las municipalidades deberán encargarse de la prestación directa del mencionado servicio.
Supervisión y fiscalización
El 42.4% (295) de los gobiernos locales visitados carecen de ordenanzas que regulen la supervisión vinculada a la gestión de residuos sólidos, mientras que el 31,9% (222) no cuenta con normas para fiscalizar y sancionar en dicha materia, lo que podría afectar la salud de la población y el medio ambiente.
Instrumentos de gestión
El 38.1% (265) de las municipalidades visitadas carecen de instrumentos de gestión (Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales o un Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales), lo que podría afectar la calidad de la prestación del servicio de limpieza pública, la salud de las personas y la calidad del medio ambiente.
Los resultados del operativo a la “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022” fueron comunicados al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos, a fin que disponga las medidas correctivas que permitan superar los hechos de riesgo identificados. Asimismo, el informe fue notificado a los titulares de los 696 municipios visitados, quienes tienen la responsabilidad de adoptar las acciones que garanticen la prestación del servicio público de limpieza en virtud de lo revelado por la Contraloría, para el beneficio de la población.
El informe consolidado se encuentra publicado en nuestro Buscador de Informes de Control, a través del portal institucional https://www.gob.pe/contraloria.
Dato
En el 2019, la Contraloría realizó un operativo a la prestación del servicio de limpieza pública a cargo de municipalidades, en el que supervisó la gestión de más 600 gobiernos locales, identificando más de 10 riesgos al proceso de recolección, transportes y disposición final de desechos, de los cuales seis podían afectar directamente a la salud de la población.
