ERP. El contralor general, Nelson Shack, informó que según el Plan Nacional de Control para el año 2022 se tiene previsto ejecutar aproximadamente 30 mil servicios de control gubernamental a nivel nacional, en sus modalidades de control previo, simultáneo y posterior, para supervisar el correcto uso de los recursos y bienes públicos, lo cual permitirá continuar con la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional.
“Entre enero y setiembre del 2021 ya hemos superado la barrera de 27 mil servicios de control y la meta para el próximo año es llegar a más de 30 mil servicios de control realizados a nivel nacional”, subrayó durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
Durante la sesión en la que sustentó el presupuesto del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC) para el año fiscal 2022, que asciende a S/ 657 156 832, mencionó que del total de servicios de control programados para ese período el 37.8% corresponden a las instancias de la Vicecontraloría de Servicios de Control, y 62.2% servicios de control a la Vicecontraloría de Gestión Estratégica.
Cambios presupuestales
Asimismo, reflexionó sobre los constantes cambios que realizan las instituciones del Estado a sus presupuestos. Manifestó que cada año se hacen más de 120 mil modificaciones al Presupuesto del Sector Público que aprueba el Congreso y al final se ejecuta un monto muy distinto. Por ello, sugirió a la Comisión de Presupuesto considerar la aprobación de restricciones para garantizar la ejecución y la credibilidad de lo aprobado por Ley de Presupuesto Público 2022.
“Durante el año fiscal 2020 se realizaron más de 120 mil modificaciones presupuestales a nivel del gobierno nacional, mientras que en los gobiernos regionales se tuvieron 109 mil modificaciones y otras 474 mil modificaciones a nivel de los gobiernos locales y sus unidades ejecutoras”, precisó el Contralor General.
“Entonces tenemos que, en el Perú, cada unidad ejecutora, en promedio, cada día hace una modificación presupuestaria y así no se puede ejecutar, se cambia demasiado y hay mucha improvisación”, subrayó.
Resultados del control gubernamental
Shack Yalta puntualizó que como resultado del control gubernamental en el 2020 se concretaron 26 509 servicios de control, de los cuales 91 informes fueron de control previo, 22 669 informes de control simultáneo y 3749 informes de control posterior.
Mientras que, entre enero y setiembre del 2021, la Contraloría ha realizado 27 316 servicios de control (entre concluidos y en proceso), de los cuales 15 154 corresponden a informes de control posterior, 12 039 a control simultáneo y 123 a control previo.
Otras actividades del 2022
Para el año fiscal 2022, la Contraloría General de la República tiene previsto culminar el proceso de absorción de 405 Órganos de Control Institucional (OCI) que están pendientes, como parte del proceso de reforma del Sistema Nacional de Control.
Asimismo, señaló que el próximo año se tiene previsto continuar con la realización de los Megaoperativos de Control en las diferentes regiones donde aún no se ha realiza esta estrategia de control con enfoque territorial como son Arequipa, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, San Martín y Tacna.
Shack también planteó a la Comisión de Presupuesto una demanda adicional de S/ 150 millones, de los cuales más de S/ 100 millones permitirán honrar el compromiso asumidos con la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La sentencia fue emitida durante el presente año y dispone el cumplimiento, por parte del Estado peruano, de medidas que se deben adoptar, en definitiva y a la mayor brevedad posible, para dar efectivo y pronto acatamiento a la sentencia dictada previamente en las vías judiciales peruanas, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Otra iniciativa legislativa está orientada a establecer un marco normativo para que las entidades públicas del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales puedan efectuar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático, que permitan efectuar transferencias financieras a la Contraloría.
