ERP. La Defensoría del Pueblo destaca la promulgación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, mediante el cual autoriza la transferencia de S/ 10 000 000.00 a favor del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con la finalidad de implementar medidas de bioseguridad que se requieren para reforzar el sistema de prevención y contención frente al COVID-19, a efectos de salvaguardar el derecho a la salud del personal penitenciario y personas privadas de libertad.
Sin embargo, dicha transferencia podría ser insuficiente de cara a los más de 11 536 internas o internos que adolecen enfermedades crónicas entre tuberculosis, VIH-SIDA, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, además de los 4 761 adultas/os mayores; población de alto riesgo frente a un posible contagio del coronavirus, advirtió el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.
Percy Castillo adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo
Las condiciones de hacinamiento y carencias que atraviesan los 68 establecimientos penitenciarios en todo el país, son escenarios óptimos para la propagación masiva de este tipo de virus. Es por ello, que la restricción de las visitas de familiares a los penales constituye una de las medidas adecuadas para evitar la propagación de esta enfermedad.
Frente a ello, la Defensoría del Pueblo exhorta a los Directores de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, para que administren adecuadamente los recursos asignados e implementen medidas urgentes que garanticen la protección de la salud de la población penitenciaria.
