ERP. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el contralor general Nelson Shack reveló que en lo que va del año se han iniciado 89 procesos judiciales, impulsados por la Procuraduría Pública de la Contraloría, a partir de los servicios de control realizados por la institución y que involucran a más de 630 funcionarios públicos.
En el marco de dichos procesos judiciales, el monto involucrado en los servicios de control que sirvieron de base para iniciarlos asciende a S/ 355 millones, de los cuales S/ 282 millones corresponden a procesos penales y S/ 73 millones a procesos civiles.
Entre enero y agosto del 2019, la Contraloría ha concluido un total de 12,887 servicios de control, de los cuales 11,666 corresponden a control simultáneo, 1,164 a control posterior y 57 a control previo.
Absorción de OCI
Respecto de la gestión anual de la Contraloría General y los resultados de la implementación de la Ley N° 30472, Shack informó que se viene realizando un incremento en la cobertura del control gubernamental con la absorción gradual de los Órganos de Control Institucional (OCI). Agregó que del 2017 a la fecha se ha incrementado de 141 a 305 el número de jefaturas de los OCI con personal de la Contraloría, y que a fin de año se estima concluir con la absorción administrativa de los OCI provinciales y distritales de Lima y Callao, así como de los principales distritos de todo el país.
Contralor Nelson Shack Yalta.
Ampliación de Control Concurrente
Recordó que en la última década el Sistema Nacional de Control envió más de 9,500 casos de funcionarios públicos con indicios de responsabilidad como producto de las auditorías, de las cuales solo 78 tuvieron sanción penal. En el ámbito civil, se remitieron más de 600 casos de funcionarios públicos con presunta responsabilidad civil debido a que con sus acciones ocasionaron perjuicio económico por más de S/ 1,400 millones de los cuales solo se recuperaron S/ 14 millones.
El contralor general anotó que para que el control posterior sea efectivo depende de otros aspectos, como la reforma política, reforma de justicia, la reforma del control, por lo que la Contraloría ha concentrado sus esfuerzos en el control preventivo o concurrente. Por ello, en el 2018 se han hecho 100 controles previos, 18,000 acciones simultáneas y 2,000 mil acciones de control posterior.
En ese aspecto, Shack señaló la necesidad de que el Congreso de la República apruebe el proyecto de Ley N° 3574 que, entre otros aspectos, amplía el modelo de control concurrente para las obras con una inversión superior a los S/ 100 millones, a nivel nacional, que ha demostrado tener un efecto positivo y fundamental en la prevención de la corrupción porque alerta al gestor público deficiencias o riesgos en la ejecución de una obra o servicio con el fin de que mitigue o corrija los hechos advertidos. Actualmente, solo se aplica en la Reconstrucción con Cambios y se ejecutó en los Juegos Panamericanos.
Impedimento para sancionar
Respecto a la responsabilidad administrativa, enfatizó que actualmente no es posible aplicar sanciones administrativas debido al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió desde abril de este año la capacidad sancionadora de la Contraloría General, por lo que solicitó prioridad en la aprobación del proyecto de Ley N° 4267 que la restituye. Esta situación ha generado que quedan en la impunidad casos que involucran a más de 15,000 funcionarios públicos, en quienes se ha propuesto responsabilidad administrativa por hechos en materia de inconducta funcional, además de responsabilidad civil y penal por corrupción.
También consideró importantes otras iniciativas legislativas referidas a fortalecer el control gubernamental sobre las inversiones ejecutadas bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (P.L. N° 3928) y el referido a la reactivación de los proyectos de inversión de infraestructura u obras paralizadas (P.L. N° 3995), entre otros.
Informó que otro instrumento implementado por la CGR son los Operativos de Control que permiten obtener información relevante sobre el funcionamiento de servicios públicos básicos, como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros, para la toma de decisiones adecuadas y para desplegar acciones de control.
En la misma materia de prevención de la corrupción, informó que la Contraloría General se ha propuesto como una estrategia inculcar la cultura de control en los jóvenes de tercero a quinto de secundaria en los colegios públicos, por medio del programa de Auditores Juveniles, por lo cual fiscalizarán los servicios que reciben en sus instituciones educativas. La meta es tener 1 millón de auditores juveniles para el bicentenario, los mismos que al llegar a la mayoría de edad podrían ser Monitores Ciudadanos de Control o ingresar a la Contraloría para la renovación generacional de la institución.
